META
Lluvias causan nuevas afectaciones en la vía Bogotá – Villavicencio
La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandina informan las autoridades, comunidades vecinas y usuarios del corredor vial Bogotá – Villavicencio que, las fuertes precipitaciones registradas en inmediaciones de Guayabetal y varios sectores de la vía desde la noche del miércoles anterior causaron varias afectaciones.
En el trayecto nuevamente se presentó caída de material en varios de los puntos afectados, y adicionalmente se presentó la afectación de la vía a la altura del km69+350 en el carril derecho del sentido Bogotá – Villavicencio, generando la pérdida parcial de la banca.
Ante esta situación, se llevaron a cabo las labores de limpieza correspondientes y se habilitó progresivamente el paso en los puntos de control, sin embargo, dado que no se puedo habilitar el paso por el km69+350, se hace necesario dar tráfico mediante pasos alternos a través de los nuevos túneles entre el peaje Naranjal y el peaje Pipiral, lo que genera afectaciones en la movilidad que aún persisten dado que, no se pueden tener vehículos detenidos al interior de los mismos, como tampoco frente a los sectores afectados. En consecuencia, ha sido necesario mantener el paso controlado en los distintos puntos establecidos en el Plan de Contingencia Operativa.
Las entidades reiteran que ante condiciones climáticas adversas, y/o desprendimientos de material en los taludes, se deberá aplicar el protocolo de cierres correspondiente, por lo que, los usuarios deberán estar atentos a las indicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de Policía.
Así mismo, antes de iniciar su trayecto verifique a través de las aplicaciones el estado de la vía y preferiblemente transite en horario diurno y en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros, estar atentos a las redes sociales con el fin de que pueda hacer uso de la vía alterna en caso de que se presente una condición de cierre.
Los transportadores de carga pesada deben ocupar un carril y permitir la circulación en los perímetros urbanos de Bogotá (Yomasa – Uval) y Villavicencio (Fundadores), así mismo en los sectores donde hay calzada sencilla deben parquear los vehículos sobre la berma para permitir la movilidad local de los residentes de la zona, los vehículos de emergencia y los vehículos de la DITRA y el Concesionario para atender las novedades que se presenten en la vía.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandina
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
