META
Frontera Energy inicia la construcción de su primer parque solar en Puerto Gaitán
Frontera Energy está desarrollando su primer parque solar ubicado en el campo CPE-6 en Puerto Gaitán Meta, con el apoyo de Enel X, línea de negocio de Enel Colombia, a cargo del diseño, construcción y montaje.
El parque solar Ikotia, que en dialecto de la etnia Sikuani significa “rayos de sol”, tendrá una capacidad instalada de 7.85 MW de potencia y generará 11.38 GWh/año, equivalente a proveer energía a más de 56.000 hogares con un consumo promedio de 200 kWh al mes. La energía generada se conectará a la red de media tensión para alimentar las operaciones del campo, ubicadas en las facilidades de producción, tales como la inyección, tratamiento de crudo y agua; así como para sus oficinas.
Con una inversión superior a los USD $7.5 millones, el parque contará con más de 16.800 paneles solares, agrupados en 402 mesas fotovoltaicas, y estará distribuido en ocho hectáreas de terreno. Entre los beneficios que entrega la autogeneración de energía a Frontera Energy destacan: la reducción de riesgos del mercado energético, ahorros en el consumo de energía, resiliencia ante interrupciones de la red eléctrica y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En esta oportunidad, el parque solar Ikotia busca evitar la emisión de 8.215 toneladas de CO2, equivalente a la siembra de más de 500.000 árboles al año.
En línea con el plan de gestión social y las estrategias de sostenibilidad, Frontera Energy y Enel X se trazaron el reto de implementar programas que buscan potenciar los beneficios sociales, ambientales y de desarrollo económico para las comunidades en la zona de influencia.
Uno de los resultados a destacar es la contratación mayoritaria de personal femenino que, a la fecha, supera el 60%, quienes se desempeñan principalmente en el diseño y montaje de los paneles solares. Mientras que, el porcentaje de personal contratado de la zona es del 85%, entre profesionales calificados en áreas ambientales, de calidad, social, administrativa; y no calificados, en el desarrollo del proyecto, almacén, entre otros.
Con este proyecto, Frontera Energy reafirma su compromiso con iniciativas de sostenibilidad que contribuyen a reducir las emisiones de carbono y proteger el medio ambiente, así como apalancar su proceso de transición energética. Mientras que, Enel X se sigue consolidando como aliado de la eficiencia energética con soluciones de autogeneración con fuentes no convencionales de energía. Su acompañamiento va desde el diseño de los proyectos; la gestión, administración y mantenimiento; así como los sistemas de almacenamiento con baterías.
Fuente: Frontera Energy
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
