REGIÓN
Desarticulada organización criminal señalada de secuestros y extorsiones en Meta y Boyacá
El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional, posibilitó la judicialización de nueve presuntos integrantes de ‘Los Buscadores’, organización criminal responsable de múltiples hechos de violencia en Boyacá y Meta.
Los procesados, al parecer, aprovechaban los perfiles que en redes sociales publicaban ciudadanos que ofrecían servicios como acarreos, venta de alimentos o trabajos de ornamentación, entre otros.
Una vez en los lugares acordados, las víctimas eran desviadas de su recorrido y coartando su libertad portando armas de fuego y armas blancas, eran llevados a zonas despobladas y boscosas, donde eran retenidas y atadas; allí, contactaban a sus familiares para realizar las exigencias de altas sumas de dinero bajo las amenazas de muerte para lograr su liberación.
Según la Fiscalía, el posible responsable de coordinar los hechos delictivos y las exigencias de dinero sería Róbinson Mauricio Rodríguez, alias «Cachetes», que para la fecha de los hechos se encontraba privado de la libertad en la cárcel El Barne en Cómbita (Boyacá), por su participación en un atentado contra dos policías en Yopal (Casanare).
La Fiscalía tiene en su poder nueve denuncias que vincularían a los procesados con delitos cometidos en la vereda de Toquilla (Aquitania), así como los mumicipios de Santa Rosa de Viterbo, Iza, Duitama y Chivatá en Boyacá; y en Granada en el Meta.
Las capturas de los procesados se realizaron en Sogamoso y Tunja (Boyacá), Yopal (Casanare); y Flandes (Tolima). La Fiscalía les imputó según su participación, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada y secuestro simple. Todos deberán cumplir las medidas privativas de la libertad.
Hechos denunciados:
Uno de los eventos que está documentado en el proceso ocurrió el 21 de marzo de 2023, cuando un ciudadano fue contactado para realizar unos trabajos de ornamentación en Granada (Meta). Al llegar fue retenido y agredido físicamente. Por su libertad su familia pagó la suma de 12 millones de pesos.
Otro caso similar se presentó en el Páramo La Chorrera del corregimiento de Toquilla (Boyacá), donde un hombre fue retenido luego de ser contactado para un falso acarreo. Por su libertad su familia pagó la suma de $8 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
