ARAUCA
Por contrato de vías, Procuraduría formuló pliego de cargos a exgobernador de Arauca
Haber dado su voto de confianza a una entidad, con poca experiencia, para hacer obras civiles tiene contra las cuerdas al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, a quien la Procuraduría, por este hecho, le abrió pliego de cargos.
Los hechos se remontan a septiembre del 2021 cuando el proyecto, denominado “Construcción de pavimento de concreto rígido de la vía que comunica del corregimiento de San Lorenzo al corregimiento de Santa Rosa, en el municipio de Nóvita (Chocó)” fue otorgado, para su ejecución, al FONDO MIXTO y cuya aprobación contó también con el aval del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz, -OCAD PAZ-.
El hecho que enreda al exmandatario de Arauca es que él, como representante de los departamentos en el OCAD PAZ, tenía voz y voto para elegir a la entidad encargada de ejecutar el proyecto de infraestructura vial y, sin tener en cuenta las alarmas que ya había prendido el ente de control sobre la falta de experiencia del FONDO MIXTO, dio su voto de confianza a dicha entidad.
Otro agravante en contra del exgobernador Castillo Cisneros es que tampoco acató las recomendaciones que entregó el director del OCAD PAZ sobre dicho ejecutor y de la poca confianza y falta de idoneidad para realizar obras de este tipo.
Advirtió el Ministerio Público que El FONDO MIXTO no solo se rajó en porcentaje de desempeño sino también en la planeación, aprobación y ejecución del proyecto.
Ante los acontecimientos, el Procurador Delegado para el Seguimiento a los Recursos de Regalías, John Harvey Pinzón, considera que la actitud del exfuncionario “es grave y se ejecutó con dolo por cuanto conocía los hechos constitutivos de falta disciplinaria”.
Recalca el delegado que el exfuncionario “habiendo sido advertido de las falencias que tenía el FONDO MIXTO para ejecutar contratos de obras civiles, pasó por alto la advertencia emitiendo y ratificando su voto positivo en favor de dicha entidad”.
Por último, el Procurador John Harvey Pinzón Navarrete llamó la atención a gobernadores, alcaldes y miembros del OCAD PAZ para que “ejerzan un control más estricto en cuanto a la selección de entidades que cumplan con los estándares para la ejecución de dichos proyectos y más cuando están en juego cuantiosos recursos de regalías”.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
