Después de sufrir los estragos del conflicto armado, María Elisa Marín encontró en la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la posibilidad de transformar su vida y la de su familia. Ella fue víctima de desplazamiento forzado y del asesinato de su esposo a manos de la guerrilla, en hechos ocurridos en Cundinamarca.

La mujer es beneficiaria de la sentencia que ordenó compensarla con un predio en el Meta, pues no podía retornar al que había abandonado. En cumplimiento de este fallo, la URT le entregó un terreno de 3.390 metros cuadrados en la vereda Sabanas del Rosario, en el municipio de Castilla La Nueva.

En el predio compensado, la Unidad implementó un proyecto productivo con enfoque avícola, apoyado con un subsidio de 40 salarios mínimos, que permitió la compra de 100 pollas criollas y 200 ponedoras, la construcción de galpones; además de la puesta en marcha de cultivos de cítricos y plátano para garantizar la seguridad alimentaria.

Tras 18 meses de asesoría técnica, los resultados son palpables: María Elisa ya ha comercializado 60.000 huevos campesinos criollos y semicriollos, equivalentes a 24.000 cubetas, además de gallinas para la venta. Su iniciativa se consolidó como un proyecto exitoso que aporta a la economía campesina.

“Estoy muy feliz de haber sacado adelante este proyecto. Después de lo que sufrí por la violencia, la Unidad de Restitución de Tierras me ayudó a transformar mi vida, me compensó con un predio, me construyó una vivienda y me apoyó para emprender”, afirmó la señora Marín.

Fuente: El Diario del Llano

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.

La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.

El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.

El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.

Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.

La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.

Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.

Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras

Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.

En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.

Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.

El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.

Fuente: Comunicaciones ICA