REGIÓN
Después de tres años del primer caso de COVID-19 en Boyacá, la labor continúa
El Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Salud, ha hecho frente a la pandemia por COVID-19 desde el reporte del primer caso en el país, el pasado 06 de marzo del 2020, y en Boyacá el 25 de marzo del mismo año, en la que de manera estratégica se han desarrollado acciones de resaltar en beneficio del bienestar y la salud de la comunidad.
Según Lyda Marcela Pérez Ramírez, secretaria de Salud, a la fecha y de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Salud, INS, y el último Boletín Epidemiológico de la Sectorial, del 12 al 18 de marzo se notificaron 7 casos nuevos en Boyacá, en los municipios de Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá, Puerto Boyacá, Nobsa y Sativanorte; del total de casos reportados hay cinco mujeres y dos hombres, de los cuales uno está hospitalizado y seis se encuentran en casa con medidas de aislamiento.
El primer caso en el Departamento se reportó el 25 de marzo del 2020, desde ese entonces, y hasta la fecha se notifican en total 130.306 casos confirmados, 127.388 recuperados, 15 casos activos y 2.903 fallecidos en Boyacá.
La situación por la pandemia y el adecuado manejo de la misma, hizo que el Gobierno de Ramiro Barragán acogieran iniciativas de respuesta inmediata, creando estrategias y grandes retos para fortalecer y aumentar la capacidad hospitalaria, diagnóstica y de talento humano, y así hacerle frente a esta enfermedad.
Pérez Ramírez aseguró que la pandemia dejó varios aspectos positivos para la Red Hospitalaria del Departamento, entre los que se destaca la expansión de Unidades de Cuidado Intensivo, pasando de 66 a 216, llegando a territorios como Puerto Boyacá, Moniquirá, Soatá, Chiquinquirá, Tunja, Duitama y Sogamoso.
Así mismo, se contó con el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y el resultado de pruebas, en la que el 4 de julio de 2020, se logró que el INS avalara el Laboratorio Departamental de Salud Pública, el 14 de agosto el del Hospital Universitario San Rafael de Tunja y el 18 de agosto de este mismo año, el laboratorio Carvajal.
En cuanto a vacunación, el 17 de febrero de 2021, llegaron 1.074 dosis de vacuna que fueron distribuidas en el personal de salud del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, la Clínica Mediláser, Clínica de los Andes y la ESE Santiago de Tunja, siendo de esta manera, la puesta en marcha de la inmunización contra la COVID-19 en Boyacá, a la fecha se han aplicado más de 2.500.000 dosis.
Al completar casi dos años después, gracias a la vacunación, en Boyacá se ha disminuido la ocupación en las unidades de cuidados intensivos, el número de personas contagiadas y fallecidas, siendo el Departamento ejemplo a nivel nacional por avanzar satisfactoriamente en el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
