META
Firmantes de paz en el Meta crean 3 comisiones y se declaran en campamento humanitario
Luego de la sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Reincorporación, desarrollada en Mesetas y durante la cual se abordó la situación de desplazamiento de los firmantes de paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, este se declaró campamento humanitario.
En la reunión, junto a la institucionalidad, se acordaron tres puntos importantes con el objetivo de brindar garantías dignas para todos.
Durante el Consejo, se determinó la creación de tres comisiones:
1. Comisión de tierras, encargada del proceso de compra del terreno para la vivienda y los proyectos productivos.
2. Comisión de la ruta humanitaria, en la que se acordó constituir el Puesto de Mando Unificado Humanitario (PMUH), para coordinar y garantizar la protección integral antes, durante y después del desplazamiento.
3. Comisión del campamento humanitario y la mesa de seguimiento y acompañamiento, responsables de verificar el cumplimiento de los compromisos.
Entre tanto, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hizo un llamado a través de sus redes sociales al presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo, para que se atienda con urgencia la situación en el ETCR Mariana Páez: “estas personas le apostaron a la paz y necesitan todas las garantías de seguridad”, dijo.
Dentro de los compromisos asumidos por la Gobernación del Meta, está la realización de una jornada de atención en salud dentro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para conocer el estado en el que se encuentran todas las personas en reincorporación, la emisión de alerta amarilla para el centro de atención local y la destinación de una ambulancia que acompañe el recorrido cuando se realice el desplazamiento.
De igual forma, se asignará un docente para que los niños puedan continuar sin inconvenientes sus clases dentro del ETCR. Además, las secretarías de la Mujer y Social apoyarán con tres profesionales, cada una, para la atención psicosocial cuando la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) lo requiera; y desde la secretaría de Agricultura se acompañará la mesa técnica de tierras para brindar asistencia técnica.
Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos y Paz convocará a los alcaldes de Granada, San Juan de Arama, Mesetas y Fuentedeoro para alertar sobre la activación de la ruta humanitaria y los planes de contingencia, y estará atenta durante el desarrollo del PMUH.
La reunión extraordinaria se llevó a cabo porque el día 16 de marzo, los firmantes de paz anunciaron que, por falta de garantías en materia de seguridad, cerca de 200 familias abandonarán el ETCR ‘Mariana Páez’ en donde estuvieron cerca de seis años.
Fuente: Gobernación del Meta
La tranquilidad de un paseo turístico en La Macarena, Meta, se convirtió en angustia para una familia boyacense. Yudi Alexandra Castellanos Solano, joven tunjana de 21 años y egresada de la Universidad Santo Tomás, desapareció este domingo 7 de septiembre tras ser arrastrada por la corriente mientras caminaba cerca del río Güejar durante un tour de la empresa EcoTrips.
La emergencia ocurrió en el sector de Caño Canoas, reconocido por su atractivo natural. La joven viajó con sus familiares y lamentablemente, fue alcanzada por la fuerza del agua. Desde ese momento no se han tenido noticias de su paradero.
La situación ha generado gran preocupación, pues la familia asegura que hubo demoras en el reporte del accidente y en el inicio de las labores de búsqueda. Denuncian que la búsqueda solo inició horas después, perdiéndose momentos vitales que pudieron salvarla”.
Por su parte, la Defensa Civil informó que se adelantan operativos de búsqueda con un equipo conformado por cinco socorristas especializados en rescate acuático. Las labores se concentran en la zona del río Güejar y áreas aledañas. Hasta el momento no se han obtenido resultados.
La familia de Yudi Alexandra Castellanos hizo un llamado urgente a las instituciones locales y nacionales para que refuercen las labores de búsqueda. En medio de la angustia, piden apoyo de organismos de socorro, autoridades y entidades estatales que permitan intensificar los operativos en la zona, con el fin de encontrar cuanto antes a la joven.
El río Güejar y Caño Canoas son apreciados por sus aguas cristalinas, caídas de agua y paisajes selváticos, que convierten a este territorio en uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y aventura en Colombia. Sin embargo, su fuerte caudal y las condiciones propias del terreno exigen precaución y medidas de seguridad para quienes realizan recorridos guiados en la zona.
Fuente: Tomado de EL TIEMPO
META
La compensaron con un terreno por desplazada, ahora comercializa gallinas criollas y huevos campesinos
Después de sufrir los estragos del conflicto armado, María Elisa Marín encontró en la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la posibilidad de transformar su vida y la de su familia. Ella fue víctima de desplazamiento forzado y del asesinato de su esposo a manos de la guerrilla, en hechos ocurridos en Cundinamarca.
La mujer es beneficiaria de la sentencia que ordenó compensarla con un predio en el Meta, pues no podía retornar al que había abandonado. En cumplimiento de este fallo, la URT le entregó un terreno de 3.390 metros cuadrados en la vereda Sabanas del Rosario, en el municipio de Castilla La Nueva.
En el predio compensado, la Unidad implementó un proyecto productivo con enfoque avícola, apoyado con un subsidio de 40 salarios mínimos, que permitió la compra de 100 pollas criollas y 200 ponedoras, la construcción de galpones; además de la puesta en marcha de cultivos de cítricos y plátano para garantizar la seguridad alimentaria.
Tras 18 meses de asesoría técnica, los resultados son palpables: María Elisa ya ha comercializado 60.000 huevos campesinos criollos y semicriollos, equivalentes a 24.000 cubetas, además de gallinas para la venta. Su iniciativa se consolidó como un proyecto exitoso que aporta a la economía campesina.
“Estoy muy feliz de haber sacado adelante este proyecto. Después de lo que sufrí por la violencia, la Unidad de Restitución de Tierras me ayudó a transformar mi vida, me compensó con un predio, me construyó una vivienda y me apoyó para emprender”, afirmó la señora Marín.
Fuente: El Diario del Llano
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
