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Juez ordena compensar con vivienda a víctimas de la guerrilla en Acacías
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras plantea la compensación como una medida que puede ser aplicada ante la imposibilidad jurídica y material de restituir.
Este es el caso de una pareja de adultos mayores que no retornará a sus predios abandonados en la vereda Manzanares del municipio de Acacías, porque sus tierras están ubicadas en zona de alto riesgo de inundación. El fallo ordenó la entrega de una vivienda de similares características a la que dejaron en el momento del desplazamiento.
La familia compró dos predios que suman 45 hectáreas en la década de los 80. Allí construyeron su vivienda en madera, se dedicaron a la ganadería y la producción de cultivos de pancoger. Tenían una vida tranquila.
En 2003 su suerte cambió debido a los constantes combates que lideró la guerrilla de las Farc EP para lograr el control territorial y conminó a todos los habitantes de la vereda a salir del territorio so pena de ser asesinados, ocasionando un desplazamiento masivo de campesinos hacia Guayabetal en Cundinamarca.
Luego del destierro el hijo mayor de esta pareja fue asesinado al ser sindicado de colaborar con la guerrilla. A esto se sumó un sufrimiento mayor, la desaparición de uno de sus integrantes.
Con la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, este núcleo familiar acudió a la URT, para que les tramitara su proceso ante la justicia, logrando que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras los declarara víctimas de abandono forzado y ordenara la compensación como medida de reparación debido a que la propiedad solicitada se encuentra en zona de riesgo.
Así las cosas, la pareja de adultos mayores es titular del derecho fundamental a la restitución, cuya materialización se concretará con la entrega de otra vivienda, mientras que la transferencia del dominio de los predios abandonados pasará a la corporación ambiental Cormacarena para su protección.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
