CASANARE
Presentan demanda para devolver más de 900 mil hectáreas al pueblo indígena Nükak
El equipo étnico de la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras radicó, ante un Juzgado de Villavicencio Especializado en este campo, una trascendental demanda con la que se busca restituir el derecho territorial a favor de la comunidad indígena Nükak, localizado en el departamento de Guaviare.
El objetivo de este proceso es lograr que los 632 sobrevivientes de este pueblo ancestral accedan a su derecho fundamental de restitución y goce efectivo de su territorio, de acuerdo con su cultura, costumbres, cosmovisión y formas propias de organización.
El resguardo fue constituido en 1993 con una extensión de 632.160 hectáreas, y luego ampliado en 1997 en otras 322.320 hectáreas, localizadas en zona selvática, entre los ríos Guaviare e Inírida, en jurisdicción de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno en este departamento al sur de Colombia.
Cerca del 5 por ciento resguardo Nükak coincide con la zona de reserva campesina de Guaviare constituida el mismo día que se amplió el resguardo. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Tierras avanza en el deslinde de las dos áreas, lo que permitirá conocer con exactitud su extensión y trazar los límites de las propiedades.
Algunas afectaciones territoriales identificadas por la URT, y que motivaron el inicio de la acción judicial, de acuerdo con la verificación que lideró el equipo étnico de la Dirección Territorial Meta, generaron un impacto sociocultural en el pueblo Nükak, entre estas: colonización a partir de los años 60, presencia de grupos armados ilegales, epidemia de gripe que desencadenó en el exterminio de más del 50% de su población entre 1990 y 1996; proliferación de cultivos de uso ilícitos y acciones conexas a actividades de narcotráfico.
Otro de los hechos que afectó la autonomía y gobierno propio del pueblo Nükak, además de violaciones a los derechos humanos, tuvo lugar en 2002, cuando ocurrió la masacre de la Charrasquera, que impactó negativamente a miles de campesinos e indígenas. Además, en 2006 la guerrilla obligó a estos últimos a desplazarse forzosamente hacia otro territorio del Guaviare.
Desde entonces, el pueblo ancestral Nükak se ha visto afectado por la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reclutamientos forzados, violencia de género y sexual; así como consumo obligado de sustancias psicoactivas. Además, han sido sometidos a confinamiento por presencia de minas antipersona y munición sin explotar. También han resultado perjudicados por deforestación, ampliación de la frontera agrícola para ganadería y construcción de corredores viales.
La demanda es presentada como resultado de una caracterización de afectaciones territoriales que adelantó la URT en favor del pueblo indígena. Asimismo, se busca la implementación de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la prestación de servicios de salud, la recuperación de sus prácticas culturales, su seguridad alimentaria a través de la caza y la pesca, además de la recuperación y el fortalecimiento del gobierno propio; entre otras pretensiones.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
CASANARE
Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.
Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.
A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.
CASANARE
Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.
Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.
Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.
Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
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