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Juez ordenó compensar a familia desplazada dos veces por la violencia en Mapiripán
Una familia doblemente desplazada por la violencia en la inspección de Puerto Alvira en Mapiripán, Meta, fue declarada víctima de abandono forzado de su predio de 105 metros cuadrados.
En consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó compensar a la pareja y sus cinco hijos con una nueva vivienda en el sitio que ellos elijan.
En el año 1996 los esposos adquirieron una casa lote en la que construyeron unas mejoras. El primer desplazamiento ocurrió luego de la masacre perpetrada por paramilitares del Bloque Centauros al mando de alias “Dumar”, en la inspección de Puerto Alvira, que dejó como saldo la muerte de 15 personas. Luego en el año 2000, la familia retornó a su predio, pero la tranquilidad no duró mucho porque, dos años después sus integrantes recibieron amenazas por parte del frente 44 de las FARC EP, por lo que no tuvieron más remedio que huir hacia el departamento del Huila para salvaguardar sus vidas.
Con el paso del tiempo, acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, que se ordenara la compensación.
En este caso, los integrantes de la familia beneficiada con la sentencia, aunque son titulares del derecho fundamental a la restitución, manifestaron no están interesados en retornar, porque consideran que sus vidas continúan en riesgo y, además, sienten que ya perdieron el arraigo. Por lo tanto, la Unidad les comprará un nuevo predio de similares características al que debieron abandonar.
En el fallo, además, se ordenan otros beneficios como subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, proyecto productivo y acompañamiento de otras entidades del Estado.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
