META
Familia desplazada tras masacre de Mapiripán retornó a sus tierras abandonadas
La alegría del retorno al campo iluminó los rostros de la familia Naranjo, sobreviviente a la masacre de Mapiripán, que, luego de 25 años del destierro ocasionado por ese trágico hecho, regresó a su predio de 132 hectáreas, ubicado en la Vereda Caño Evaristo.
La entrega de esta propiedad fue el resultado del trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras, con el acompañamiento de Ejército, Policía, Armada Nacional y un Juez promiscuo municipal; en cumplimiento de la orden del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio.
En el año 1996, los hoy restituidos compraron el terreno en el que se dedicaron a cultivar maíz, cacao, algodón, plátano, caña de azúcar, además de la cría ganado bovino. Corría 1997 cuando comenzaron a presentarse enfrentamientos entre la guerrilla y grupos paramilitares que llegaron a la zona, procedentes del norte del país. Como consecuencia de ello, decidieron viajar a Villavicencio, pero días después, el jefe del hogar regresó solo al predio.
En julio de ese mismo año, cuando ocurrió la masacre perpetrada por los paramilitares, el señor Naranjo se encontraba en la finca junto con el encargado. Al escuchar los disparos, ambos salieron corriendo rumbo a la sabana; lo que milagrosamente les permitió escapar hacia un sitio seguro, desde donde lograron huir a Villavicencio.
Con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los Naranjo acudieron a la Unidad, que, a través de un adecuado acompañamiento, logró que les devolvieran sus tierras abandonadas forzosamente.
Pero como la política de restitución del Estado va más allá de la entrega material de las tierras despojadas, puesto que contribuye a transformar las vidas de los beneficiarios, a quienes retornan a los predios que les pertenecen en forma legítima y desarrollan una actividad productiva, como es el caso de los Naranjo, se les garantiza su sostenibilidad económica.
En razón a ello, la Unidad también les brindará acompañamiento para la implementación de su iniciativa y les otorgará un subsidio por valor hasta de 40 salarios mínimos legales vigentes, con el fin de que lo pongan en marcha.
A la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras ha devuelto 1.000 hectáreas a sus legítimos dueños en Mapiripán, en cumplimiento de las 45 sentencias proferidas por la justicia en este municipio metense.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
