META
Defensoría pide iniciar diálogos con comunidades en Meta y Guaviare
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para que se instale la mesa de diálogo social en en Meta y Guaviare sobre la base del trabajo que se ha venido adelantando en el último año y que permita avanzar en los cerca de los 17 acuerdos de la marcha campesina de 2021, que las comunidades ya han definido como sus prioridades.
Carlos Camargo destacó que, durante los últimos días, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un recorrido por las comunidades de la cuenca del Río Guayabero, especialmente en la vereda Nueva Colombia (Vista Hermosa – Meta) y Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare; con el fin de verificar la situación de derechos de esta zona del país.
En dichos acuerdos, las comunidades exigieron la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud, a la educación y problemáticas relacionadas con vías de acceso, vivienda, seguridad, tierras, medio ambiente y acuerdos de paz.
Recogiendo el sentir de la comunidad, la Defensoría propone tener en cuenta estos acuerdos como la línea base para la construcción de los diálogos regionales que permitan la generación de acciones para su efectivo cumplimiento.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, señaló que desde la Delegada para la Prevención de Conflictividad Social se hará seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos suscritos durante la marcha campesina del Meta y Guaviare, -desarrollados en 3 mesas temáticas-, y realizar ejercicios de caracterización de la conflictividad social en el territorio, con el fin de propiciar escenarios de diálogo y la formulación de las recomendaciones a las autoridades competentes.
La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo estuvo integrada por equipos de la Defensoría Delegada para la Conflictividad Social y las Defensorías Regionales del Meta y Guaviare y con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, la Dirección Nacional de Atención Trámite de Quejas y las Defensorías Delegadas para el Derecho a la Salud, Movilidad Humana, Asuntos Agrarios y Tierras y Derechos Colectivos y del Ambiente.
Llamado de las comunidades
Durante el recorrido por la cuenca baja del río Guayabero, la Defensoría del Pueblo recogió las principales inquietudes de las comunidades en temas relacionados con el derecho a la salud, el accesos a programas del Estado y demás acciones para el goce efectivo de los derechos.
La comunidad de Puerto Cachicamo y el núcleo veredal vecino, expresó que la atención en salud es precaria, toda vez que no cuenta con puestos de salud adecuados, ni se realizan jornadas de salud para la atención de la población. La comunidad requiere se realicen jornadas de atención integral, con suministro de medicamentos, y se habilite la prestación del servicio de una ambulancia fluvial.
De otro lado, se verificó que los establecimientos educativos se encuentran en mal estado, no cuentan con servicio de energía eléctrica y/o paneles solares, no hay agua potable y no hay acceso a internet. Igualmente se evidencia que no hay acceso para cursar los grados 10 y 11 en los colegios de la zona. Allí la comunidad requiere se amplie la oferta institucional para los jóvenes y se mejoren las condiciones en las que se encuentran los docentes.
Adicionalmente, la comunidad advierte la imposibilidad de transportarse por los altos costos de este servicio y por el mal estado de las vías. Debido a esta situación la comunidad no puede adelantar sus actividades económicas, transporte de alimentos, suministros y remisión de enfermos de alta complejidad.
Fuente: Defensoría del Pueblo
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
