META
Capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en el Meta
Las acciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a tres supuestos integrantes de la subestructura Arcesio Niño de las disidencias de las Farc, que serían los responsables del cobro de extorsiones en Meta y Guaviare.
El material de prueba da cuenta de que estas personas, al parecer, exigían dinero a pobladores, finqueros y comerciantes de la región, a cambio de no atentar contra su integridad o despojarlos de sus terrenos. Asimismo, se estableció de que también citaban a familias campesinas y les fijaban cuotas de dinero.
Los procesados fueron capturados en el momento en el que se reunían con comunidades de las veredas La Horqueta y El Silencio, en Mapiripán (Meta), y las intimidaban para que cumplieran con el pago de las extorsiones. En el procedimiento, realizado de manera articulada entre la Fiscalía y Policía Nacional, les fueron incautados un arma de fuego, 23 cartuchos, dos granadas de fragmentación y publicidad alusiva a las disidencias de la Farc.
Adicionalmente, se les hallaron cinco millones de pesos en efectivo, y un cuaderno con nombres de sus víctimas y las sumas que les habrían entregado en los últimos días.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres investigados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego o accesorios, partes o municiones.
Por disposición del juez de control de garantías, los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los afectados con la decisión son: Ferley Ordoñez Lugo, Wilson Giraldo de Jesús Hormiga y Rafael Ricardo Camacho Rey. Esta información se publica por razones de interés general.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
