ARAUCA
Asegurado suboficial del ejército por apropiación de material de uso privativo
El material recaudado por un fiscal seccional estructura de apoyo – EDA de Arauca logró la judicialización de Diego Alberto Liévano Acuña, suboficial activo del Ejército Nacional, señalado de extraer material de intendencia de esa entidad.
El procesado aceptó su responsabilidad y un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los motivos que iniciaron esta investigación están relacionados con un operativo adelantado el pasado 9 de abril, cuando personal del Gaula Militar capturó a una persona con abundante material de intendencia de uso privativo en vías del departamento: 59 bastones tipo tonfa, 10 cantimploras, 64 cinturones con hebillas de seguridad, 57 cinturones multipropósitos, 125 reatas verdes, 67 coderas tácticas, 41 hamacas, 126 jarros metálicos, 19 morrales de campaña, 54 ponchos pixelados, 131 porta cantimploras pixelados, 61 portatonfa, 186 sobre carpas y 24 tulas, elementos evaluados en más de 70 millones de pesos.
Según declaró el detenido, todos estos elementos se los habría entregado el militar, quien fue capturado este 11 de junio en las instalaciones de la Décima Octava Brigada de Arauca, por personal del CTI de esta capital en articulación con uniformados del Ejército, la Armada y la Policía Nacional.
La Fiscalía lo imputó por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado.
Fiscalía evidenció, a través de labores de policía judicial, que dichos elementos reposaban en los inventarios de la Décima Octava Brigada, de donde presuntamente habrían sido extraídos por el implicado cuando ejercía como encargado del almacén.
Se presume que dichos elementos al parecer tendrían como destino los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca.
En el desarrollo de las audiencias el procesado acepto su responsabilidad y un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria, la cual cumplirá en la ciudad de Bogotá una vez el Instituto Nacional Penitenciaria y Carcelario (INPEC) realice los trámites para su traslado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
