CASANARE
Condenan a la Fiscalía por omitir pedir protección para víctimas de un homicidio múltiple en Hato Corozal en 2014
En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que condenó a la Fiscalía General de la Nación por omitir su deber de solicitar protección para 4 personas que venían recibiendo amenazas dentro de un proceso de reclamación de tierras, las cuales finalmente fueron asesinadas.
Se dice en la sentencia, que, debido a las múltiples amenazas, acontecimientos previos, quejas y denuncias de las víctimas, la Fiscalía no provocó intervención preventiva de la Fuerza Pública, lo que finalmente derivó en la consumación del homicidio múltiple, el cual fue descubierto el 23 de junio de 2014. Un hermano de una de las víctimas realizó infructuosas llamadas telefónicas a ésta y a uno de sus hijos sin obtener respuesta, por lo que junto con algunos vecinos se desplazaron al predio rural donde habitaban, encontrándolos asesinados junto con otras dos personas, entre ellos otro menor de edad.
La historia comenzó desde 2008, cuando el señor Gerain Enrique Landaeta Moreno y su señora, Liry Herney Hernández Sogamoso, comenzaron a tener múltiples conflictos con algunos hermanos de Landaeta Moreno, por la posesión del predio La Calceta, en la vereda Santa Rita del municipio de Hato Corozal, donde se había fundado en predios sobre los cuales había tenido posesión su padre.
Landaeta Moreno fue privado de la libertad y condenado por algunos hechos judiciales, por lo que en su ausencia fue su compañera sentimental Liry Herney Hernández quien siguió al frente del fundo, durante varios años más se presentaron incidentes con uno de los hermanos de Landaeta Moreno, que dieron lugar a quejas policivas, denuncias ante la Fiscalía por daño en bien ajeno, amenazas y otras perturbaciones a la posesión, imputadas por la señora Hernández a su cuñado.
La situación se agudizó durante los años 2012 y 2013, al parecer por la posibilidad de negociar una servidumbre del predio para el Oleoducto Bicentenario, por la que se esperaba recibir una muy importante suma de dinero.
En ese trasegar, la señora Hernández acudió ante Defensoría del Pueblo a pedir orientación para afrontar los conflictos civiles y penales, la Regional Casanare la remitió a otras autoridades (inspección de policía y Fiscalía); también insistió en sus denuncias ante Fiscalía, cuya dependencia en Paz de Ariporo archivó la actuación relativa a presunto daño en bien ajeno, argumentando que la remoción de cercas (por un hermano del actor) se hizo en predios poseídos por el denunciado; no se conocen avances significativos de lo que tuvo que con amenazas contra la integridad de la señora Hernández y sus allegados.
El 23 de junio de 2014 encontraron cuatro cadáveres en descomposición, que correspondían a la señora Liry Herney Hernández Sogamoso, su hijo Jefferson Landaeta Hernández, su sobrino David Ríos Hernández y Fredy Lucumí Cruz, trabajador en la finca, quienes fueron ultimados con impactos de armas de fuego.
Crimen sin capturas ni responsables
Por ese cuádruple homicidio la Fiscalía inició la investigación de rigor, en la que se tuvo como sospechoso a un hermano del señor Gerain Enrique; hasta donde hay noticia procesal, no se han producido capturas de presuntos responsables, ni determinado quiénes fueron autores o determinadores, ni los reales motivos del crimen.
El Tribunal Administrativo de Casanare considera que la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación es responsable, dado que la víctima solicitó protección por el riesgo en el que estaba sometida, sin que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para su protección
Señala el Tribunal, que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tener conocimientos de todas las situaciones que se venían presentando, no informó a la Policía Nacional, Ejército Nacional o Unidad Nacional de Protección, para que intervinieran en este conflicto examinando riesgos y para adoptar medidas de protección o prevención para las víctimas.
Finalmente, se condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales al señor Geraín Landaeta Moreno por la muerte de sus allegados, el equivalente a 184 salarios Mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia inicial tasaba los perjuicios morales en 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero había contemplado al señor Fredy Lucumí Cruz, pero al no tener vínculo familiar con el demandante, no se concedió por parte del Tribunal en segunda instancia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
