META
Desmantelado grupo criminal que ejecutaba secuestros express en el Meta
La Policía Meta logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado ‘Los Falsos’, señalados de cometer secuestros extorsivos a través de falsas promesas de trabajo y de contratación.
Este grupo criminal, desarrollaba su accionar delictivo en los municipios de San Martín y Guamal, cuya finalidad era ofrecer servicios de contratación para cometer el hurto a las pertenencias de sus víctimas, a su vez, durante la retención, realizan exigencias de altas sumas de dinero que oscilaban entre los 15 y 25 millones de pesos; actividad de la cual se deriva su sustento y apoyo económico para el reclutamiento de más personas, la compra de armas y equipos logísticos.
Relacionados con varios casos
Las unidades de Policía Judicial, dan cuenta de la participación de estos criminales en siete hechos relacionados con la misma modalidad en año 2021, donde sumado a ello, intimidaban a sus víctimas aduciendo pertenecer a las disidencias de las FARC o como integrantes del ‘Clan del Golfo’. Así mismo, se conoció que esta organización se disputa la injerencia delictiva en el departamento del Meta con otras estructuras por el control territorial, realizando exigencias indiscriminadas de dinero a gremios de comerciantes, ganaderos, agricultores y empresarios de la región.
Dos de los criminales, conocidos con los alias de ‘El Soldado’ y ‘El Indio’, fueron capturados el pasado 28 de enero del presente año, en zona rural del municipio de Guamal, actualmente se encuentran en las cárceles de Villavicencio y Granada, respectivamente. El último de integrante de este grupo ilegal, alias ‘El Burro’, cayó durante el operativo policial desarrollado en el municipio de San Martín, el cual permitió materializar su captura por orden del Juzgado Segundo Promiscuo de ese municipio, por los delitos de hurto calificado agravado y secuestro extorsivo.
Perfiles criminales
Gracias a las labores investigativas de campo, interceptación de llamadas, entrevistas, estudios y análisis de material de inteligencias, se logró presentar suficiente material probatorio, que permitió a la Fiscalía General de la Nación, realizar la imputación de estos mismos delitos a ‘El Soldado’ y ‘El Indio’; al mismo tiempo, establecer la participación de cada uno de estos sujetos dentro del grupo criminal, así:
‘El Soldado’ de 40 años de edad el líder de la estructura, sería la persona encargada de tomar contacto con sus víctimas mediante las falsas promesas. Luego de ganarse su confianza, los citaba en parajes rurales y de difícil acceso, en estos lugares los despojaba de sus pertenencias, los retenía para realizar las exacciones de dinero a sus familiares.
‘El Indio’ de 30 años de edad, era el encargado de coordinar medios logísticos, la movilidad y la obtención de armas de fuego con las cuales realizaban sus intimidaciones para cometer los delitos; de igual manera, se estableció que esta persona perteneció por espacio de 10 años al grupo paramilitar ERPAC.
Por último, ‘El Burro’ de 30 años de edad, sería el encargado de recolectar y administrar el dinero producto de las rentas criminales, así como la venta de los bienes hurtados a sus víctimas. Un Juez de la República confirió medida de aseguramiento en la cárcel de Granada.
Fuente: Policía Meta
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
