ARAUCA
Secretario de planeación de Arauquita en líos judiciales por contrato para sede de Policía
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, detectó varias irregularidades en el contrato 128 de 2016, que contempló la construcción de una nueva sede para las dependencias de policía judicial y de inteligencia de la Policía Nacional, en Arauca.
El contrato se pactó inicialmente en 16.100 millones de pesos; sin embargo, tuvo tres adiciones presupuestales por 5.500 millones de pesos. En total el contrato ascendió a 21.600 millones de pesos. Asimismo, se fijó un plazo de ejecución de 210 días, pero las obras se interrumpieron en 11 oportunidades y las instalaciones se entregaron dos años después.
Entre los presuntos responsables de las distintas anomalías están el entonces contratista José Luis Ruiz Barrios, quien es el actual secretario de Planeación de Arauquita (Arauca); y los interventores Luis Carlos Montilla Melo y Roberto Carlos Valcarcel Sarmiento. A estas personas la Fiscalía les imputó el delito de peculado por apropiación.
De acuerdo con el material de prueba, el contratista recibió un anticipo de 8.210 millones de pesos, el cual habría sido destinado para cubrir gastos personales y ajenos al objeto del contrato, entre estos, préstamos a los empleados, un sobregiro a un familiar del entonces gobernador del departamento, financiamiento de otros proyectos y pagos a empresas que no hacían parte del consorcio contratista.
Asimismo, se evidenció una posible doble contabilidad. Una con ingresos y egresos reales; y otra con cifras maquilladas. Todas estas maniobras ilícitas, supuestamente, permitieron al señor Ruiz Barrios y a los dos interventores apropiarse de recursos públicos por 4.318 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías legalizó la captura de un docente condenado por su responsabilidad en el abuso sexual de una menor de edad en zona rural de Arauquita (Arauca).
Según la investigación, los hechos se registraron en noviembre de 2011, donde el hombre abusó sexualmente de la niña en varias oportunidades, aprovechando su rol como docente.
El procesado fue capturado servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. La sentencia quedó en firme.
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
