META
A prisión implicados en la muerte de tres personas en Puerto Gaitán y Villavicencio
Por solicitud de dos fiscales la Seccional Meta, jueces de control de garantías en Villavicencio aseguraron con detención intramuros a Eito Domingo Araza Villadiego, Luis Jesús Benítez Murillo, Leonardo Ibarra Chávez, Oscar James Castro Reboyero e Iván Antonio Larrahondo Pallares, presuntamente, implicados en la muerte de tres personas; en hechos ocurridos de manera aislada.
Los hechos investigados ocurrieron en enero, febrero y abril del presente año en los municipios de Puerto Gaitán y Villavicencio (Meta).
- El primer caso sucedió el 18 de enero en el barrio El Bambú de Villavicencio (Meta) donde, al parecer, Ibarra, Castro y Larrahondo le habrían hurtado a Sebastián Pradilla, de 26 años, una cadena; además de dispararle en el cuello lo que le causó la muerte. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas.
- El segundo hecho se presentó el pasado 17 de febrero cuando, al parecer, Luis Jesús Benítez Murillo agredió con arma cortopunzante a un hombre, al parecer, bajo el influjo de sustancias alucinógenas en el barrio El Porvenir de la capital del Meta. En este caso la Fiscalía imputó al procesado el delito de homicidio agravado contra el detenido.
Finalmente, el pasado 25 de abril en el sector conocido como La Invasión en Puerto Gaitán, al parecer, Eito Domingo Araza Villadiego le disparó a Carlos Arturo García Buitrago, de 19 años, cuando lo encontró. A pesar de que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, la gravedad de las heridas le produjeron la muerte. El supuesto responsable fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso personal.
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial por investigadores del CTI de la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos imputados en las audiencias concentradas.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
