META
Célula terrorista del ELN y disidencias de las Farc ejecutaron atentado contra Batallón de Granada
La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a los presuntos responsables del ataque a la sede del Batallón 21 Pantano de Vargas, en Granada (Meta), que dejó un civil y un soldado muertos, y nueve personas más heridas, el pasado 9 febrero.
El material de prueba permitió conocer que Isaid Alberto Angulo, un supuesto integrante del ELN conocido con el alias de Barbas, habría contactado a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado cabecilla del frente Jorge Briceño de las disidencias de las Farc, y le propuso crear una célula terrorista para atentar contra la fuerza pública en Caquetá y Meta.
Este grupo se conformó con el nombre de FER (Fuerzas Especiales Residuales). Alias Barbas, al parecer, lo asumió y recibió el apoyo de otros tres hombres. Juntos, supuestamente, planearon el ingreso a las instalaciones militares de un motocarguero que ocultaba, en un bulto de papas y yucas, un artefacto de 17 kilogramos de pentolita que fue activado con el control de una alarma.
‘Barbas’ y sus tres presuntos cómplices, entre ellos un adolescente, fueron ubicados en una acción conjunta de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional en Acacías y Vistahermosa (Meta). Adicionalmente, un hombre fue capturado en flagrancia con una granada, un arma de fuego y otra traumática, munición de diferente calibre y otros elementos.
Los mayores de edad fueron presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según el posible nivel de participación, delitos como: homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de defensa personal; y tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, a ‘Barbas’ le fue formulado el cargo de uso de documento público falso, en el entendido de que, durante la captura, presentó una cédula que pertenecía a otra persona.
Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario, ellos son: Isaid Alberto Angulo, alias Barbas; Sebastián Molina López, alias Sebastián; Jeyler Ferney Jara Patiño, alias Enano; y Eider Martínez Angulo, alias Negrito, detenido en flagrancia.
El adolescente también fue judicializado y recibió medida de internamiento preventivo.
Engaño criminal y atentado
La investigación estableció que, luego de la conformación de la célula terrorista, alias Barbas, al parecer, se hizo pasar como una mujer de nombre ‘Lorena’ y, mediante engaños, contactó vía telefónica a una empleada y al suboficial jefe del casino del batallón. En las conversaciones les ofreció víveres a un menor precio porque, supuestamente, pretendía abrir un supermercado de frutas y verduras.
Después de varios intercambios de mensajes, el uniformado, presuntamente, aceptó recibir una muestra de productos agrícolas y habló con la guardia de la sede militar para que permitieran su ingreso en un motocarguero, la tarde del pasado 9 de febrero.
Ese día, ‘Barbas’ y ‘Sebastián’, habrían ocultado los explosivos en un saco de yucas y papas en una finca de Vistahermosa (Meta) y lo enviaron en un vehículo de servicio público a Granada. Alias Enano y el adolescente, al parecer, acompañaron el automotor en su recorrido hasta la agencia de transportes, y contrataron a un motocarguero para que recogiera el bulto y lo llevara al batallón.
Al parecer, estas dos personas también siguieron en bicicleta el recorrido a las instalaciones militares. Finalmente, activaron el artefacto, con el conductor del motocarguero a bordo y justo cuando el automotor estaba rodeado por el personal de la guardia.
La evidencia técnica da cuenta de que, posterior a la acción ilegal, alias Enano tomó fotografías y las envió a los cabecillas del grupo residual. Asimismo, se conoció que los cuatro señalados responsables se reunieron en un asado para ‘celebrar’ lo ocurrido.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
