REGIÓN
Peligrosa banda de extorsionistas era liderada desde la cárcel de Cómbita
Tras avalar la solicitud de un fiscal especializado Gaula de Montería un juez con funciones de control de Garantías, decidió dictar medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia en contra de Andrés Esteven Castellanos Moreno, Javier Hipólito contreras Báez, Yanisa Yulie Quiceno Salazar, María Ubiela Restrepo Mesa, Fabián Andrés Rengifo bejarano y Lina Esperanza Vallejo Cortés, como posibles coautores del delito de extorsión agravada.
Los imputados, quienes no aceptaron los cargos, son señalados por lo menos por siete víctimas, quienes habrían sido objeto de la banda.
Uno de los hechos en los cuales presuntamente se les señala de participar, ocurrió el 10 de julio del año anterior en Montería.
Operaban desde Cómbita
De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron contactadas por llamadas telefónicas realizadas desde el establecimiento penitenciario y carcelario de Cómbita, Boyacá. En la mayoría de los casos se les solicitó la prestación de algún servicio según su profesión (comerciantes, odontólogos, ingenieros civiles y optómetras, entre otros).
Luego de contactarlos se les solicitó que se desplazaran a zonas alejadas de Córdoba con poca cobertura de señal de telefonía celular. Estando en el lugar, también mediante llamada telefónica, les informaron que estaban rodeados por miembros de ‘Grupos Armados Organizados’ y luego de amenazarlos con atentar contra su vida y quemar su vehículo, les exigieron los números de sus familiares para llamarlos y exigirles dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni contra sus bienes.
Según el ente investigador se pudo establecer que las llamadas fueron realizadas por internos de la cárcel de Combita (Boyacá), al parecer, liderados por alias ‘Marcos’, donde los terceros destinatarios de los giros cobraban las exigencias o disponían de los depósitos en las cuentas bancarias, minutos después de realizadas por las víctimas.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
