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Alirio Barrera en el comité que decidirá cuál candidatura presidencial apoyará el Centro Democrático

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Alirio Barrera desde ya es uno de los mayores referentes políticos para el Centro Democrático, a tal punto que pertenece a la comisión que tomará decisiones para apoyar alguna campaña presidencial.

En un selecto grupo de cinco personas quienes representarán la decisión de al menos dos millones de votantes y entre ellos 600 mil militantes, está la responsabilidad de definir la posición que asumirá la colectividad de cara a las elecciones presidenciales del 2022 tras la renuncia a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga.

El exgobernador de Casanare y ahora senador electo Alirio Barrera, la senadora María Fernanda Cabal, senadora Paloma Valencia, senador electo Miguel Uribe y representante a la Cámara electo Óscar Darío Pérez fueron designados para liderar el ‘comité de transición’, conformado en las últimas horas en una reunión dirigida por el líder natural de la colectividad Álvaro Uribe.

El exgobernador entró ‘pisando duro’ y pidió a los demás miembros del partido acelerar el trabajo para tomar esta decisión en menos de una semana, solicitud que aplaudió Uribe y sobre ese tiempo se va a decidir qué propuesta apoyar.

“No estamos viviendo tiempos fáciles, cómo partido no es nuestro mejor momento, por eso nos toca escuchar a la base popular del país, debemos oír a todos los colombianos y demostrar que somos un país con enfoque social y no un gueto político elitista”, llamó la atención Barrera.

El senador Barrera pidió a los asistentes apoyar el trabajo del Presidente Iván Duque, diciendo que “este gobierno también ha hecho cosas buenas, no es justo que nosotros nos encarguemos de juzgarlo. Así como se hicieron cosas buenas, así hay errores que deben corregirse, – y agregó que – sería muy malagradecido de mi parte no reconocer lo mucho que el presidente le sirvió a mi región” puntualizó Barrera Rodríguez.

El cónclave del Centro Democrático tendrá máximo una semana para decidir a qué candidato presidencial apoyar, pero lo que desde ya pidió el exgobernador y que fue aplaudido por Uribe es que se escuche al pueblo, y se decida pensando en las comunidades más vulnerables del país.

Fuente: Comunicaciones Alirio Barrera

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Consejo de Estado: Por exclusividad de la Fuerza Pública, Policía Nacional debe vigilar la seguridad en los estadios

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Previo levantamiento de la reserva legal por parte del Ministerio del Interior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dio a conocer un concepto en el que indicó que los artículos 52 y 62 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana) no se encuentran vigentes. Ello en virtud de la Sentencia C-223 de 2017 que declaró su inexequibilidad con efectos diferidos a partir del 20 de junio de 2019.

La Sala señaló que mediante el Decreto 1007 de 2012 (compilado en el Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015) se creó en Colombia el Estatuto de Aficionado al Fútbol que dispuso la creación de un Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y permitió la articulación del respectivo alcalde, el presidente del club o clubes profesionales de la localidad con la Policía Nacional en el conocimiento e implementación de los protocolos de seguridad en los estadios.

Asimismo, sostuvo que según la Sentencia C-128 de 2018, en materia de seguridad en actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, como es el caso de los partidos del fútbol profesional, las competencias de la Policía Nacional y de las empresas de seguridad privada y/o de logística, fueron definidas de la siguiente manera:

• De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, la Policía Nacional, en atención al principio de exclusividad de la fuerza pública, tiene como fin principal la prevención de aquellas conductas que constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las personas, en los términos de los artículos 2 y 218 de la Constitución Política.

• Las empresas de vigilancia y seguridad privada pueden actuar en el ámbito en que ofrezcan sus servicios, bajo los límites establecidos por el legislador, con el fin de «disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección», de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 del Decreto Ley 356 de 1994, sin que ello involucre en modo alguno el ejercicio de actividades de conservación del orden público, la seguridad ciudadana ni la convivencia pacífica.

Por último, la Sala agregó que el artículo 9° de la Ley 1270 de 2009, mediante la cual se creó la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, asignó a la Policía Nacional la función de prevenir la aparición de hechos de violencia en los estadios de fútbol y en sus alrededores, en el marco del mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Tras años de tensiones entre la Dimayor y el Gobierno, el alto tribunal dejó claro que las empresas privadas no pueden sustituir a la fuerza pública en el control del orden en eventos masivos como partidos o conciertos.

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Estos son los acuerdos logrados sobre catastro multipropósito que permitieron levantar el paro nacional

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Tras intensas jornadas de diálogo en Bogotá, el Gobierno Nacional y organizaciones sociales y territoriales alcanzaron un acuerdo en la Mesa Nacional de Concertación sobre el catastro multipropósito, lo que permitió el levantamiento del paro nacional que venía afectando la movilidad con bloqueos en distintas regiones del país.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece ajustes a la normativa catastral vigente. A través de la modificación de la Resolución 2057 de 2025, se autorizó a las direcciones territoriales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a revisar y ajustar, mediante actos administrativos, los porcentajes de incremento en los avalúos, garantizando criterios técnicos, coherencia en la información y aplicación uniforme en las zonas intervenidas.

Además, se definió la implementación de un procedimiento especial para corregir rezagos en la actualización de valores catastrales en zonas rurales, el cual incluirá análisis técnicos en comités sectoriales con participación de entidades nacionales, autoridades locales y representantes comunitarios. Estas revisiones quedarán consignadas en actas y servirán como base para eventuales modificaciones en los avalúos.

Como parte de los compromisos, el Gobierno anunció la realización de mesas regionales entre el 15 de abril y el 30 de mayo de 2026, en las que se recogerán inquietudes ciudadanas, se identificarán inconsistencias y se revisarán casos críticos relacionados con la aplicación del catastro multipropósito.

De igual forma, se acordó la creación de una Mesa Técnica Nacional, liderada por la Alta Consejería para las Regiones y con el Departamento Nacional de Planeación como Secretaría Técnica. Este espacio contará con delegados de organizaciones sociales y entidades del orden nacional, y tendrá como objetivo analizar el pliego de peticiones y formular recomendaciones para mejorar la implementación de la política catastral en el país.

El acuerdo también deja claro que no habrá suspensión general de los procesos de actualización catastral, los cuales continuarán conforme al marco legal vigente. Sin embargo, se buscarán ajustes que permitan una aplicación más equitativa, sin afectar la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo acompañará el seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados. Con estos avances, las partes dieron por superada la jornada de protesta, restableciendo la normalidad en las vías del país y abriendo un nuevo espacio de concertación para atender las preocupaciones ciudadanas frente al catastro multipropósito.

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Uber anuncia su expansión a toda Colombia, en Yopal ya está operando

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Uber anunció que la app estará disponible en los 32 departamentos de Colombia y amplía su cobertura de 22 a 1100 ciudades y municipios por todo el territorio nacional. Las opciones disponibles para quienes quieran moverse al toque de un botón o generar ganancias adicionales a través de la app en todas las regiones de Colombia serán Uber Taxi, Uber Economy y Uber Moto.

La expansión nacional de la app llega con el estándar de seguridad de Uber, que cuenta con más de 40 herramientas y funciones de seguridad a disposición de los usuarios, conductores de taxi y arrendadores de vehículos particulares.

“Uber ya no es una solución urbana, sino una plataforma nacional. Estar disponibles en más de 1.100 municipios implica contribuir al crecimiento de las economías locales, generar nuevas oportunidades de ganancia para los colombianos y ampliar el acceso a la tecnología y a las opciones de movilidad en cada región. Llevaremos el estándar de Uber que hoy existe en las grandes capitales a cada rincón del territorio nacional”, señaló Ángela Mendoza, Gerente General de Uber para la región Andina.

El anuncio de la expansión de Uber se hizo durante la presentación de un estudio de la firma Ipsos sobre los hábitos de movilidad y la percepción de las aplicaciones en distintas regiones del país. Entre los principales hallazgos:

En ciudades donde la presencia de Uber está consolidada

Para los colombianos, las apps forman parte del día a día y Uber contribuye a mejorar la calidad de vida en las ciudades.

71% usa las apps en su día a día.

78% considera las apps como la opción de movilidad más segura (sólo superada por el vehículo propio).

88% cree que las apps son una alternativa de movilidad confiable.

8 de cada 10 indicaron que las apps mejoraron su experiencia de movilidad en su ciudad.

En ciudades donde Uber estará disponible a partir de 2026

La movilidad sigue siendo un reto y las apps son una oportunidad de mejora.

52% de los encuestados considera que hoy es difícil moverse por sus ciudades.

88% cree que la llegada de Uber resolvería vacíos en seguridad, tiempos y calidad del servicio.

6 de cada 10 no están satisfechos con la oferta de transporte público actual.

9 de cada 10 creen que la llegada de la app de Uber mejoraría su calidad de vida.

2 de cada 3 pagarían más por la movilidad para tener mayor seguridad.

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