META
Juez de Villavicencio envió a prisión dos hombres señalados de asesinar sus parejas
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez en Villavicencio (Meta) condenó a más de 31 años de prisión a un hombre que aceptó haber causado la muerte de su excompañera sentimental.
A esta decisión se suma otra en la que un juez de control de garantías envió a prisión a otro hombre, presuntamente, responsable de la muerte de su esposa.
Condenado
El Juzgado Penal de Granada condenó a 31 años y un mes de prisión (375 meses) a Alonso Hernández Hernández, de 47 años de edad, como responsable del delito de feminicidio agravado.
Los hechos investigados ocurrieron el 23 junio de 2021 cuando el procesado, a orillas de río Ariari, sector de Puerto Limón, jurisdicción del municipio de Fuentedeoro, le causó la muerte de su excompañera sentimental, de 19 años de edad.
Según consta en el proceso, el condenado agredió a la mujer en repetidas ocasiones con un arma corto punzante. A pesar de haber sido trasladada a un centro asistencial la víctima murió al día siguiente. El implicado deberá cumplir la pena en centro de reclusión.
Asegurado
En otro caso José Abel Vargas Beltrán, de 40 años de edad, fue asegurado como presunto responsable de causar la muerte a su esposa de 38 años de edad.
Los hechos investigados ocurrieron la tarde del 15 de noviembre de 2020 en la Inspección Veracruz de Cumaral. De acuerdo con la investigación, el procesado habría llegado a su casa tras consumir licor. En el lugar se habría generado una discusión con la víctima quien, al parecer, fue atacada con arma blanca.
Aunque la víctima fue trasladada de inmediato al hospital del casco urbano, llegó sin signos vitales.
Vargas Beltrán fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía en una finca donde, se cree, manejaba una segunda identidad a fin de evadir la acción de las autoridades. Esta acción contó con el apoyo del Gaula Militar.
Los procedimientos de captura se cumplieron en la vereda Ranchería, área rural de Cumaral.
La Fiscalía imputó a Vargas Beltrán cargos presunto responsable del delito de feminicidio agravado, el cual fue aceptado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
