META
Emprendimientos rurales asociativos en el Meta tendrán apoyo de Ecopetrol y Minagricultura
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Ecopetrol firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de darle continuidad al programa “El Campo Emprende”, que para la convocatoria de 2022 contará con una financiación superior a los $29 mil millones. La iniciativa busca mejorar las condiciones de vida, empleo e ingresos de la población rural a través de la cofinanciación e implementación de emprendimientos asociativos rurales.
Con este acuerdo de cooperación, firmado por las dos instituciones, se beneficiará a 3.729 familias rurales en 33 municipios de 11 departamentos como: La Guajira, Bolívar, Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Meta, Casanare, Cundinamarca, Huila y Putumayo.
En Meta, el programa cofinanciará 66 emprendimientos asociativos rurales en los municipios de: Acacías, Castila La Nueva, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto López, y Villavicencio, en las categorías General, Mujeres Rurales y Jóvenes Rurales.
La iniciativa promoverá la estructuración de planes de negocio, la consolidación de cadenas productivas, el fortalecimiento empresarial y la asesoría y acompañamiento técnico en las siguientes líneas productivas: producción agropecuaria, transformación de la producción primaria, turismo rural, artesanías, negocios verdes y otros servicios rurales (como tiendas comunitarias, talleres de confección, tiendas agropecuarias, etc.).
“Es con hechos como, en el Gobierno del presidente Iván Duque, ‘El Campo Emprende’ ha generado ingresos y empleos en los territorios más afectados por la pobreza y la violencia, beneficiando a 26.199 familias, de las cuales 16.574 contaban con liderazgo de mujeres. Con esta nueva convocatoria buscaremos seguir ampliando esa cifra para lograr que mas familias campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, víctimas de la violencia y mujeres y jóvenes rurales puedan convertirse en emprendedores”, indicó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro.
Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, afirmó que la Empresa está trabajando de la mano con el Gobierno Nacional en la reactivación económica de las regiones: “De esta manera contribuimos a mejorar las condiciones de vida, los ingresos y el empleo de las familias del sector rural. Además, promovemos la equidad y la diversidad, y aseguramos la cadena alimentaria de los colombianos al invertir en proyectos productivos en los diferentes territorios”, indicó.
Las inscripciones para la convocatoria de ‘El Campo Emprende’ se llevarán a cabo hasta el 2 de mayo de 2022 a las 10 a.m. Los ciudadanos interesados deben ingresar a la web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural www.minagricultura.gov.co, hacer clic en el banner ‘El Campo Emprende’. También lo podrán hacer presencialmente, principalmente en las instalaciones de las Alcaldía Municipales y/o entidades territoriales de los municipios priorizados.
Fuente: Ministerio de Agricultura
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
