ARAUCA
Grupo especial de Fiscalía investiga 27 homicidios en Arauca
Una comisión especializada, destacada desde el despacho del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, realizó una primera exploración investigativa para obtener elementos de prueba y avanzar en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos durante los primeros días de 2022, en Arauca y zona de frontera con Venezuela.
Entre la madrugada del 2 de enero y el día de hoy, han sido encontrados 27 cuerpos en puntos rurales de Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca); y Cubará (Boyacá).
Los reportes dan cuenta de que las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunas habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladas territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares lejanos a sus residencias.
Los 27 cuerpos se encuentran en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este momento, se realizan las necrópsicas con la mayor celeridad. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas. Dos son mujeres, otras dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos.
Preliminarmente, las inspecciones han establecido que todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia, en la modalidad de sicariato. Esto indica que no hubo combates.
La Fiscalía constató que cuatro de los identificados están vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de las disidencias del frente décimo de las FARC. Otros cuatro figuran como indiciados en las bases de datos institucionales.
El análisis de contexto realizado en la región y el material de prueba obtenido evidencian que los responsables de estos homicidios son las estructuras armadas del Frente de Guerra Oriental del ELN, que delinquen en Arauca, Boyacá y Casanare. Por línea jerárquica y organizativa, esta acción tuvo que ser autorizada y dirigida por el Comando Central (COCE).
Ante esta situación se dispuso la conformación de un grupo de tareas especiales que contará con fiscales especializados de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Unidad Especial de Investigación, y tendrá el apoyo técnico e investigativo del CTI y la Policía Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
