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REGIÓN

Víctimas en llanos orientales recibieron acompañamiento permanente en 2021

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La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas presentó un balance positivo sobre el cumplimiento en 2021 de las acciones enfocadas al goce efectivo de los derechos de las víctimas de los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Guainía, Vichada, Vaupés y Amazonas.

En estos siete departamentos hay, según el Registro Único de Víctimas (RUV), 332.041 personas objeto de atención por los hechos victimizantes que sufrieron en el marco del conflicto.

Dentro de los aspectos a destacar a través de los planes de retornos y reubicaciones locales en los que la Unidad acompaña a víctimas de desplazamiento forzado, bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad, se actualizaron 21 Planes y se formularon cinco; en cuanto a lo étnico se acompañaron las comunidades JIW de Meta y Guaviare.

Por otra parte, se recibieron en los puntos de atención y centros regionales 278.794 solicitudes de 172.970 víctimas que actualizaron sus datos, solicitaron ayuda humanitaria, información general sobre el estado de su trámite y definición de situación militar, entre otros.

De igual manera, la Unidad realizó la implementación de estrategias psicosociales para aportar a la recuperación emocional y fortalecer los lazos de confianza como “Proyectándonos”, “CreSer”, “Vivificarte”, “Memorias reparadoras”, “Siembra” y “Másvalía”, en las que se atendieron 1.425 víctimas en Casanare, Guaviare y Meta.

En temas de reparación colectiva, cinco se encuentran en fase de alistamiento; en diagnóstico del daño, tres; en diseño y formulación del plan integral de reparación colectiva (PIRC) tres; en implementación dos. Es de destacar que se logró el cierre del sujeto Comunidad de El Dorado en el Meta y Chámeza en Casanare. Así mismo, con 16 sujetos que hay en el departamento de Amazonas, se materializaron varias implementaciones producto de las acciones de rehabilitación y en el marco de los convenios entre las autoridades amazónicas y la Unidad para las Víctimas.

Adicionalmente, en los 12 municipios priorizados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de Meta y Guaviare, se efectuaron 33 jornadas de asistencia, atención y comunicación, en donde se atendieron aproximadamente a 6 mil víctimas.

Fuente: Unidad para las Víctimas

REGIÓN

ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero

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PEAJE SAN LUIS DE GACENO

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.

De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.

La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.

Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

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REGIÓN

Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo

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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.

Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.

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REGIÓN

Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.

La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.

Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

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