CASANARE
Abren proceso verbal por pérdida de recursos de “Torres del Silencio”
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos del Departamento de Casanare y del Municipio de Yopal, con ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, en el municipio de Yopal.
El proyecto inició su ejecución en agosto de 2011 y después de 10 años se encuentra inconcluso, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad.
Mediante Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, la Contralora Delegada Intersectorial No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:
- OSCAR RAUL IVÁN FLÓREZ CHÁVEZ, quien se desempeñó como Gobernador titular del Departamento de Casanare desde el 1 de enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011.
- IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, en su calidad de COGESTOR del convenio No. 0001 de 2011 y constructor del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio en el municipio de Yopal.
- RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ, director de Contratación del Departamento de Casanare. Delegado para contratar.
- COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, hoy COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, que ejerció la Interventoría para el período que va del 7 de enero de 2011 al 4 de agosto de 2012.
- DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO LTDA, hoy DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO S.A.S., Supervisor para el período 24 de agosto de 2011 al 7 de junio de 2012.
- JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ, interventor para el período 28 de mayo de 2013 al 28 de agosto de 2017.
- JENNY CONSUELO BARRERA ROLDÁN, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisora para el período 10 de junio de 2011 al 1 de enero de 2012.
- RENSO DANIEL HUESA SANA, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 2 de enero de 2012 – 31 de marzo de 2013
- NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO, Gerente del IDURY para el período 30/ene/2009 – 31/dic/2011 y Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare, Supervisora para el período 21 de junio de 2013 – 31 de diciembre de 2015.
- SANDRA LORENA CRUZ QUINTERO, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 4 de enero de 2016 – 29 de enero de 2019.
- 11.RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quien aprobó la licencia de construcción y urbanismo.
- LUCÍA GAONA MARTÍNEZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, quien aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo.
- ALEXANDER CORTÉS MEDINA, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 2 de enero de 2012 -5 de abril de 2015.
- RAFAEL NAYIB FONSECA SAAD Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 8 de abril de 2015 – 31 de diciembre de 2015.
- DIDIER MAURICIO MONTOYA CAMPOS, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el Período 1 de enero de 2016 – 15 de junio de 2017.
Se fijó como fecha para instalar la audiencia de descargos el 17 de noviembre de 2021.
Una urbanización que se convirtió en elefante blanco
La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006. De igual forma se destinó para población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor, entre otros) y familias en condición de desplazados.
Bajo el Convenio de Cogestión No. 001 del 31 de enero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare, el INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY-, y el constructor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, se acordó ejecutar el proyecto Villa Flores (hoy Torres del Silencio”) de acuerdo con los siguientes aportes iniciales:
Los estudios y diseños aportados por el constructor IADER BARRIOS HERNANDEZ, fueron la base para la aprobación de la licencia de urbanismo y construcción por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal, su prórroga y revalidación; así como para su aprobación por parte de la primera interventoría (COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”).
Estos estudios y diseños sirvieron de base para la construcción de las torres de apartamentos.
De acuerdo con el informe técnico practicado dentro del trámite de la indagación preliminar que adelantó la CGR, se concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad .
El efecto del no cumplimiento de la norma sismo resistente, es que se disminuye la capacidad de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos. Existen varios aspectos del diseño que no están conforme a la NSR10, por lo tanto, debido a que el constructor siguió estos diseños y que los mismos fueron aprobados por la interventoría con esas deficiencias, no se garantiza el cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción y la calidad de la estructura de concreto.
Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad.
Aunado a lo anterior, se evidenció deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.
La falta de planeación se ve reflejada en las justificaciones para suspender el convenio de cogestión, entre ellas:
*Falta de disponibilidad total de los servicios públicos.
*Falta de habilitación de terrazas.
*Falta total del cierre financiero del proyecto
*Vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría.
*Falta de ejecución de las obras de urbanismo, redes eléctricas y terminación del sistema de acueducto.
*Y apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.
Situaciones que afectaron la ejecución del proyecto
El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de 7 prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.
Durante la vigencia del convenio de cogestión No. 0001 de 2011 se suscribieron 5 actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.
El valor total del convenio de cogestión N° 0001 del 31 de enero de 2011, efectuadas 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($15.798.033.231).
Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del Cogestor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales.
Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra.
Fuente: Contraloría General de la República
La instalación de una antena de telecomunicaciones para el corregimiento de Tacarimena está cada vez más cerca de ser una realidad, mediante las gestiones realizadas por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, que realizó el acercamiento con la compañía Claro para brindar una solución definitiva de cobertura telefónica e internet móvil a los centenares de ciudadanos que habitan en este sector de Yopal y zonas aledañas.
Liderada por el secretario de las TIC, José Tobías Díaz, se desarrolló una visita de inspección al tanque elevado que se encuentran en esta zona rural, con el objetivo de determinar si la estructura es apta para soportar la antena de telecomunicaciones y una vez realizada la inspección se determinó que si es apta por lo que se tendría un avance de más del 50% en la logística del proyecto.
La visita de inspección también determinó que la Secretaría de las TIC sería la encargada de liderar los trámites correspondientes para identificar la viabilidad de hacer uso de dicho predio e infraestructura para la instalación de la antena, que, de ser una realidad, tendría una cobertura promedio de 4 kilómetros a la redonda, beneficiando directamente a veredas como Sirivana, Palomas, La Calceta, entre otras.
De otra parte, se espera que la comunidad se concientice del beneficio que representa lograr la instalación de la antena y por lo tanto se unan en un propósito de beneficio común para el sector brindando el respaldo que requiere esta gestión que viene desarrollando la Administración Municipal, y que así puedan contar con señal telefónica para llamadas y conectividad digital para navegar en internet de forma permanente desde la comodidad de sus fincas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El próximo 2 de mayo se presentará el cronograma y se hará seguimiento al proceso de adjudicación de tierras para víctimas desplazadas del Cesar en el municipio de Maní, el cual fue un proceso inconsulto tanto con el departamento como con el municipio, se conoció durante la realización del Primer Comité de Justicia Transicional de 2025 en Casanare.
Así mismo, se anunció la creación de una mesa de alto nivel, liderada por el gobernador, con participación de directivos nacionales de la ANT, la Unidad para las Víctimas y la SAE, para revisar casos pendientes de retorno, reubicación y adjudicación de tierras, priorizando a las víctimas del departamento.
Otro punto importante dentro de los compromisos será la inauguración del punto de atención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Casanare, prevista para el 23 de abril, lo cual facilitará el acceso de las víctimas a los mecanismos de justicia transicional. Además, el 22 de abril se realizará una reunión con dependencias departamentales para evaluar la viabilidad financiera de fortalecer los puntos de atención a víctimas en Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Compromiso del Gobernador
El Comité de Justicia Transicional contó con una amplia participación institucional y comunitaria. El evento, liderado por el gobernador César Ortiz Zorro, reiteró el compromiso del departamento con la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, trazando acciones concretas para avanzar en su atención, protección y garantía de derechos.
Al encuentro asistieron secretarios departamentales, alcaldes municipales, delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, así como representantes de las mesas de víctimas de Yopal y del departamento.
Gracias a la gestión articulada de la Gobernación, se logró la indemnización de 130 víctimas, con una inversión superior a los 1.127 millones de pesos. De estas, 96 personas fueron notificadas en Yopal, accediendo además a orientación en educación financiera, así como a subsidios de vivienda y educación superior, fortaleciendo su proceso de restablecimiento.
“Estamos trabajando de manera conjunta con todas las entidades y la comunidad para garantizar una reparación integral y efectiva. La vuelta a la agroindustria es un factor imprescindible al que apostamos para que las víctimas sigan teniendo oportunidades de dejar atrás el conflicto para ellos, sus familias y comunidades”, expresó el gobernador Ortiz Zorro.
El Comité también contó con la participación del coronel de la Policía de Casanare, Giovanni Barrero Unigarro, y delegados del coronel Carlos Mauricio Peña Jiménez, comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, quienes presentaron informes de seguridad enfocados en la garantía de derechos para la población víctima.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El secretario de Gobierno Departamental, Julio Ramos, y el director de Gestión del Riesgo, Guillermo Velandia, anunciaron desde Cartagena, la incorporación de un moderno carrotanque de 15.000 litros a la flota de vehículos de emergencia con los cuales cuenta el departamento de Casanare.
Esta entrega fue realizada por Cristian Rojas Álzate, coordinador de Transporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien destacó el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de las capacidades de atención en todo el país.
“Desde la UNGRD, trabajamos con responsabilidad para garantizar que las regiones cuenten con equipos adecuados que permitan proteger la vida y los bienes de las comunidades más vulnerables”, expresó Rojas Álzate.
Este carrotanque, gestionado por el gobernador César Ortiz Zorro ante el Gobierno Nacional, se suma al recibido la semana pasada, incrementando a cinco los vehículos especializados disponibles en Casanare. Muy útiles para enfrentar incendios, garantizar el suministro de agua potable en zonas con dificultades y atender emergencias en sistemas de acueducto.
La gestión del Gobernador, ante el Gobierno Nacional, supera los 1.500 millones de pesos, una muestra de su gestión incansable en ministerios y demás despacho de la Presidencia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
