REGIÓN
En Tunja y Duitama falsificaron licencias de conducción usando empresa fachada
El trabajo coordinado entre la Seccional Boyacá y la Policía de Tránsito de Tunja permitió judicializar a 13 presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizado conocido como Los Falsificadores.
Los procesados, al parecer, estarían vinculados a un centro de enseñanza automovilística desde donde por sumas que oscilaban entre 900 y 1.200.000 pesos expedían licencias de conducción evadiendo los requisitos de ley como la asistencia a clases de capacitación.
Se estableció que utilizando huellas digitales fabricadas en silicona habrían suplantado a los instructores que debían avalar la asistencia a las clases de manejo, de esta forma se habrían certificado desde el año 2018 y hasta 2021 más de 16.500 clases teóricas y prácticas que nunca fueron tomadas.
Con esta maniobra la escuela de conducción, ubicada en Tunja y Duitama (Boyacá), evitaba el pago de gastos fijos como: mantenimiento de los vehículos, impuesto de rodamiento, gasolina y pago a instructores.
La evidencia física recaudada demostraría cómo los procesados desempeñarían distintos roles al interior de la red delincuencial. Unos, al parecer, conseguían clientes, otros cumplirían el papel de instructores.
Los últimos, se cree, certificaban la asistencia de las personas a la totalidad de las capacitaciones para así poder subir la información fraudulenta a los sistemas de los Servicios Integrales para la Movilidad (SIM). De esa manera, se concretaba el entramado de corrupción.
Labores de policía judicial evidenciaron que, para poder cumplir con el referido número de acreditaciones, la organización ilegal habría tenido que suplantar a extrabajadores de la referida academia y así no despertar sospechas en cuanto a los tiempos de labor del personal.
Entre los 13 procesados se encuentran: la representante legal de la academia de conducción, varios de los supuestos instructores, secretarias, dos exintegrantes de la Policía Nacional, entre otros.
La Fiscalía les imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y acceso abusivo a un sistema informático, según sus responsabilidades individuales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
El juez Cuarto Penal de Control de Garantías avaló la petición de la Fiscalía e impuso para cuatro de los procesados medida de aseguramiento y los nueve restantes seguirán vinculados al proceso.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
REGIÓN
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