ARAUCA
Opinión: José Vicente Carreño, El Parlamentario
Una actitud emprendedora y un trabajo constante, ha sido el secreto para que el Representante a la Cámara de Arauca, José Vicente Carreño Castro, logre hasta el momento la aprobación en Plenaria de (96) proposiciones a más cuarenta proyectos de ley, que lo consolida como uno de los legisladores más eficientes y eficaces del País.
La mayoría de estas proposiciones han quedado en el texto definitivo de un sinnúmero de leyes -otras están en proceso- como la distribución equitativa por departamentos del 10 por ciento del presupuesto del Ministerio de Agricultura para proyectos de jóvenes emprendedores (Ley 2039 de 2020), coordinación del Gobierno Nacional con las secretarías de educación territoriales en formación económica y financiera para estudiantes de bachillerato en el área económica y financiera (pendiente de sanción presidencial), política pública para vendedores informales (Ley 1988 de 2019), agravantes punitivos para quienes ejerzan violencia intrafamiliar contra personas en situación de discapacidad (Ley 1959 de 2019), y en su calidad de coordinador ponente de la nueva ley de fronteras, establece como obligatorio la concertación de una política pública con los actores locales involucrados (Ley 2135 de 2021).
A Carreño lo conocí a principios de este cuatrienio legislativo, cuando decidió nombrarme como su asesor legislativo, dándome el espacio y las indicaciones para formular una agenda legislativa ambiciosa, interpretando los intereses de Arauca y el País, en donde acierta en Plenaria al incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, una Zona Económica y Social Especial – ZESE para la Guajira, Norte de Santander y Arauca (Artículo 268 – Ley 1955 de 2019), cuando apenas llevaba dos meses como nuevo legislador de este Departamento, y que le permitirá a los empresarios araucanos no pagar nada durante cinco años el impuesto de renta, si demuestran que en los últimos tres años incrementaron en un 10 por ciento su respectivo personal.
Ese es Carreño. Un hombre osado, persistente, dispuesto a ir más allá, con una fe inquebrantable, consciente que la vida -como en la novela Juan Salvador Gaviota de Richard Bach- se debe volar cada vez más alto, buscando nuevos trazos, figuras, en busca de la realización personal y laboral, que un día lo trasladó al sueño de ser Congresista, y que sería la continuación de un incasable servicio a la comunidad, en su desempeño como miembro de la Policía Nacional y posteriormente como líder cívico de Arauca.
Esa actitud lo ha llevado a salirse de los esquemas en el Congreso, a actuar en varias ocasiones sin el concepto previo de su bancada Centro Democrático -que ha acogido con respeto y altura ese desempeño- como cuando radicó una proposición -que quedó como constancia- al proyecto de ley sobre nuevos delitos contra el medio ambiente, para tipificar como delito penal la extracción y producción ilegal de hidrocarburos, en donde no dudó en advertir sobre un supuesto fracking clandestino que se estaría adelantando en los Llanos y la Amazonia.
Esa visión universal del quehacer legislativo, lo ha llevado a integrar subcomisiones de modificaciones y ajustes a diferentes proyectos de ley -proposiciones sustitutivas- como el incremento de mano de obra local calificada y no calificada en zonas de explotación de hidrocarburos, y más recientemente la prohibición de los elementos plásticos de un solo uso, en donde se acogió su propuesta de buscar alternativas laborales y sociales para los trabajadores de las empresas dedicadas a esta actividad, y que en un mediano plazo estarían perdiendo sus empleos.
Los aportes de Carreño han sido claves para mejorar el contenido y la forma de varios proyectos de ley, en donde por contratación directa el Estado puede comprar al campesino no sólo sus productos agropecuarios, sino además los canastos o utensilios artesanales en donde van empacados los mismos; la delimitación del horario laboral en el trabajo virtual -para evitar el abuso del patrón-, y la construcción de una política pública para el fortalecimiento de las juntas de Acción Comunal, siendo importante anotar que estas iniciativas fueron aprobadas en Cámara y actualmente cursan en el Senado.
Carreño fue el primer Congresista en proponer la eliminación de los OCAD para las regalías directas de las entidades productoras de hidrocarburos -como consta en los expedientes de la reforma constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo y la nueva ley de regalías-, quien respaldó igualmente que las regalías de los productores se incrementaran del 10 al 25 por ciento, en donde el Departamento de Arauca pasó de recibir anualmente 71 mil a 169 mil millones de pesos, o dicho de otro modo más del doble en relación con los ingresos actuales.
Carreño es el autor del proyecto de ley que declara patrimonio cultural al Festival (pasa a sanción presidencial), el que da un plazo perentorio para que se designen intérpretes para personas sordas y sordociegas en las entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental, distrital y local (le falta un debate en el Senado para ser Ley), y aquel en donde la Nación se asocia al centenario de fundación de Puerto Rondón – Arauca (pendiente dos debates en el Senado).
Esta semana, Carreño radica proyectos de ley tan importantes como aquel que exime del aporte parafiscal a los productores agropecuarios que desarrollen su actividad en zona franca, el que autoriza emitir publicidad política en las emisoras comunitarias, y la ampliación de la fecha límite para la nacionalización de placas de vehículos extranjeros en zonas de frontera, como también aquel que reconoce y exalta la obra musical del poeta llanero Rafael Martínez, El Cazador Novato.
El pasado viernes, Carreño radicó -en su calidad de ponente- un pliego de modificaciones al proyecto de ley del patrullero, en donde se destaca la profesionalización del uniformado en otras carreras y mejores condiciones para acceder a la carrera de oficial, como también un subsidio familiar equivalente al 30 por ciento de su sueldo básico, y el reajuste salarial de los miembros de la Fuerza Pública, incluidas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Finalmente, ha adelantado dos excepcionales debates de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, en donde exigió que se le devuelva la Unidad Operativa Catastral del IGAC en Arauca -indagó sobre la inminente privatización de esta entidad- y advirtió sobre la irrisoria reparación del Estado a las víctimas en este Departamento y el País, exponiendo además la necesidad de que Arauca tenga su propia Seccional de la Unidad de Víctimas.
Coletilla: Al iniciar próximamente un nuevo proyecto en mi vida personal y profesional, he decidido renunciar a partir del 1 de octubre a mi cargo como asesor del Representante José Vicente Carreño.
Lo confieso: Han sido los años más importantes y felices de mi carrera como funcionario en el Congreso, en donde no tengo palabras para agradecer esa confianza que se me depositó para coordinar la agenda legislativa de Carreñito -como cariñosamente le decimos en la Unidad Legislativa- sin dejar de mencionar la generosidad y calidad humana de mis compañeros de trabajo.
Y Arauca: Gracias, gracias, gracias. ¡Quedo en deuda contigo para siempre!
Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Cámara de Representantes.
En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años, 2 meses y un día de prisión al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por el direccionamiento de la contratación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo, entre 2012 y 2015.
El fallo precisó que el exfuncionario deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario, pagar una multa equivalente a 336 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 154 meses.
En el curso del juicio oral se estableció que Castillo Cisneros permitió que avanzaran dos procesos contractuales en diciembre de 2012 y octubre de 2013, con estudios previos incompletos y fundados en precios de mercado obtenidos de documentación falsa aportada a los trámites para dar apariencia de legalidad y beneficiar a unos oferentes específicos.
Adicionalmente, se constató que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se definieron requisitos habilitantes desproporcionados que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes.
La sentencia conocida declaró a Castillo Cisneros responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y lo absolvió por peculado por apropiación agravado. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que existe el soporte probatorio pericial suficiente para que se declare la existencia de sobrecostos por 619 millones de pesos en el primer contrato y de 1.453 millones de pesos en el segundo, lo que generó la apropiación de recursos públicos en favor de terceros.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por irregularidades en el Contrato para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 9 años y 6 meses, al exsecretario de Educación de Arauca, William Arévalo Quintero, y al exgerente de Contratación (E), Uriel Niño López.
El ente de control comprobó que el exsecretario intervino en la elaboración de los estudios previos del modificatorio 1 y luego suscribió el adicional 1 de valor y plazo del contrato inicial, por $ 3.793’564.800, sin estudios previos serios y completos en los que se estimaran y justificaran los aspectos económicos del valor de la ración para preparar en casa y ser entregada a los acudientes de estudiantes de zonas rurales y sedes urbanas, generándose sobrecostos por $ 898’121.782
En cuanto a Niño López, se demostró, en primer lugar, que intervino en la etapa contractual del modificatorio 1 al bilateral omitiendo garantizar que el contenido de los estudios previos, remitidos por la Secretaría de Educación se ajustaran a la normatividad vigente y, en segundo lugar, como líder de contratación omitió ordenar la publicación de la totalidad de los documentos que hacían parte del contrato.
En la decisión de primera instancia, también se destituyó e inhabilitó por 9 años a Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, por celebrar el adicional 2, al contrato inicial de valor y plazo por $ 4.242’584.008, sin elaborar unos estudios previos completos y precisos, que atendieran los lineamientos adoptados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, con ocasión de la pandemia por Covid-19.
Asimismo, el ente de control suspendió por 12 meses, convertidos a salarios devengados para la época de los hechos, al entonces gobernador de Arauca (2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, por el concurso de faltas en que incurrió al celebrar el modificatorio 1 al contrato del PAE por $ 14.078’860.590, sin tener previamente unos estudios de mercado serios que evitaran sobrecostos, en el cambio de ración servida en institución educativa a ración para preparar en casa.
En lo que respecta a la representante legal de la empresa interventora Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, el Ministerio Público la multó con 20 salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este por el término de 10 años, por desatender su deber de vigilar y controlar la ejecución del contrato PAE.
Por último, al supervisor del contrato de interventoría suscrito con Inversiones para la Vida, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, la Procuraduría le impuso una suspensión de tres meses, por no ejercer adecuadamente las labores que le fueron encomendadas, que será convertida en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta.
A juicio del Ministerio Público, los exservidores y la interventora sancionados permitieron con su conducta omisiva que, el contratista del PAE, Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, impusiera la ración para preparar en casa con una escasa cantidad de ingredientes que no alcanzaba para elaborar 20 almuerzos por estudiante.
Con este actuar los sancionados afectaron los derechos fundamentales a la alimentación escolar y la educación en pandemia de los niños, niñas y adolescentes araucanos, generando sobrecostos en detrimento del patrimonio del Estado, de cara a los precios y condiciones reales del mercado.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, indicó la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
Luego de valorar la pruebas y argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su intervención en el direccionamiento irregular de dos contratos suscritos en diciembre de 2012 y octubre de 2013, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo.
En ese sentido, fue declarado responsable, en calidad de coautor, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario para hacer efectiva la pena que será conocida en los próximos días.
Los contratos que motivaron la decisión tenían por objeto la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento de Arauca.
En el curso de la investigación liderada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que, con los aportes a la conducta criminal del exgobernador y sus subalternos, fueron tramitados y celebrados desconociendo varios requisitos esenciales con la única intención de beneficiar a unos oferentes específicos.
Con este propósito ilegal, la contratación no estuvo precedida de estudios suficientemente serios y completos encaminados a determinar, entre otros, los costos, valores, alternativas y precios reales de mercado afectando los principios de legalidad, economía, transparencia, y planeación.
De igual manera, se acreditó que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se establecieron requisitos habilitantes desproporcionados, desconociendo las figuras de contrato de asociación, condicionamientos que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes en estos procesos contractuales.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
