REGIÓN
Víctimas en la Orinoquia reclaman 360 mil hectáreas del despojo y abandono
La Unidad de Restitución de Tierras acompaña a las víctimas en su proceso de reparación, mediante la representación judicial que ejerce de manera gratuita a las familias que han padecido el despojo y abandono forzado de tierras.
En Cumplimiento de este propósito, la entidad ha presentado 1.308 casos ante los jueces especializados en restitución de tierras con los cuales pretende reclamar más de 360 mil hectáreas, a favor de los solicitantes de Meta, Casanare, Guaviare y Vichada.
Del total de las solicitudes llevadas ante la justicia, 1.083 demandas corresponden al departamento del Meta, 153 son solicitudes de Casanare, 24 de Vichada, 5 de Guaviare y 43 de Cundinamarca.
Jenny Andrea Capote, Directora Territorial Meta, resalta el trabajo realizado por la entidad y el compromiso con las víctimas, “la restitución de tierras en la Orinoquia no se detiene, por el contrario avanza a paso firme en la etapa judicial. En lo corrido del 2021, hemos radicado 132 casos de victimas del despojo y abandono forzado de tierras ante los jueces civiles del circuito especializados”.
Por otra parte, en la etapa pos fallo del proceso de restitución, la Unidad ha sido notificada de 232 sentencias de ruta individual, emitidas por los jueces y magistrados, que han resulto un total de 420 solicitudes relacionadas con predios ubicados en el Meta. Estas sentencias han beneficiado a 819 personas quienes han recuperado 49.279 hectáreas.
Las víctimas interesadas en presentar su solicitud pueden dirigirse a las oficinas de la Unidad en Villavicencio, ubicadas en el local D2 del Parque Comercial Primavera, vía a Puerto López o llamar a las líneas telefónicas 3134221626 y 3144378490.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
