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Enfermero lideró hurto de equipo para pacientes con Covid del Hospital de Acacias
Un juez de control de garantías de Acacias impuso medida privativa de la libertad a dos personas, presuntamente, responsables de apoderarse de un equipo biomédico para la atención de pacientes afectados por la pandemia.
Se trata del entonces enfermero jefe del centro asistencial Rigoberto Rojas Cantor; y de Juan Diego Pérez Cruz, amigo del primero.
Según la investigación, la madrugada del 9 de abril de 2020, en plena emergencia por la pandemia, al parecer, Rojas Cantor sacó de manera irregular el único equipo biomédico, tipo ventilador mecánico, que existía en el hospital para atender pacientes con patologías respiratorias o afectados por el Coronavirus.
Se pudo constatar que dicho equipo fue adquirido por el hospital en 2016, gracias a una donación de la alcaldía local, siendo su valor estimado en, aproximadamente, 36 millones de pesos.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo Rojas Cantor habría acudido a los servicios de una reconocida empresa de encomiendas para enviar el instrumento científico a Bogotá, donde Pérez Cruz debía reclamarlo y, al parecer, mantenerlo oculto en su casa.
El trabajo conjunto adelantado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió recaudar grabaciones de cámaras de video ubicadas en el centro asistencial que recopilar testimonios que, sumados a labores de campo, ayudaron a recuperar el equipo médico antes de que fuera recogido en la capital del país.
En el marco de la investigación fue posible establecer la plena identificación y ubicación de los presuntos responsables, quienes fueron detenidos en Villavicencio y judicializados ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Acacias (Meta).
Rojas Cantor fue imputado como presunto responsable del delito de peculado por apropiación en calidad de coautor; y Pérez Cruz lo fue como coautor a título de interviniente.
El primero aceptó su responsabilidad en el delito atribuido; mientras que el segundo la rechazó. Por estos hechos el juez impuso a Pérez Cruz detención carcelaria, mientras que para Rojas Cantor domiciliaria.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
