CASANARE
Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado rindió informe ante Concejo de Yopal
Atendiendo a la convocatoria realizada por el Concejo Municipal de Yopal, la EAAAY presentó informe en debate de Control Político, respondiendo al cuestionario radicado por el corporado sobre la prestación del servicio de aseo en la ciudad y las inquietudes frente a la actividad de aprovechamiento en el municipio.
Durante su intervención, Jairo Bossuet Pérez, Gerente de la EAAAY, estuvo acompañado por la Directora de Aseo, Esperanza Ramírez; el Director Comercial, Sebastián Hernández y demás miembros del equipo de trabajo, quienes se encargaron de disipar las diferentes dudas de los honorables concejales en el recinto.
Informe
En primer lugar, se dio claridad frente a que la EAAAY no es una empresa prestadora del servicio recolección de material aprovechable, y que en Yopal, a la fecha se encuentran 6 empresas del servicio de aprovechamiento o ECA’s (Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento) registradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD, reglamentadas según el decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Siendo estas empresas las prestadoras y cobradoras del servicio de recolección de residuos no aprovechables en la ciudad.
Así mismo, se explicó que de acuerdo a este decreto del Ministerio de Vivienda, la EAAAY como empresa prestadora del servicio de Aseo de Yopal, está OBLIGADA a incluir en su factura el cobro de la actividad de aprovechamiento que desarrollan estas ECA’s. Es decir, la EAAAY hace el recaudo del valor correspondiente al material aprovechable que reportan estas empresas ante la plataforma SUI de la SSPD y de la misma manera estos recursos son girados a estas ECA’s cada mes y que de no hacerse el recaudo de la actividad desarrollada por las ECA’s o girar sus pagos, acarrearía con sanciones monetarias para la empresa por el incumplimiento de los establecido por la norma.
Además, se aclaró que el incremento de este ítem en la factura en el último mes, se debe a tres factores: 1. El ingreso de cuatro (4) nuevas empresas de aprovechamiento en la ciudad, 2. Dos (2) de estas nuevas empresas reportan gran cantidad de toneladas aprovechadas, como es el caso de ECOCLEAN con 410 toneladas y GREEN ENERGY con 756 toneladas y 3. Se está reflejando un cobro retroactivo de toneladas aprovechadas que no fueron reportadas en los primeros meses del año, por aplazamiento de la SSPD al reporte de ese momento y que ahora deben ser pagadas.
Finalmente, se reiteró que la EAAAY es una empresa operadora y prestadora del servicio de Aseo, correspondiente a los componentes de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios NO aprovechables, de los cuales ha demostrado ante todas las autoridades y entidades de control y vigilancia, la prestación y manejo óptimo de estos servicios.
Aunque la empresa no tiene competencias como entidad reguladora ni sancionatoria en ningún caso, si ha venido adelantando observaciones y solicitudes para un mayor seguimiento la situación con las ECA’s ante la SSPD, que de acuerdo al Artículo 2.3.2.5.5.4 del decreto 596, es el único ente vigilante y regulador para estas empresas y para esta actividad.
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
