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Cárcel para tres personas que habrían secuestrado a un joven en el Meta
Un juez de control de garantías del Meta envió a la cárcel a Sebastián Martínez Bonilla, alias Caretonto; Mayerlly Varela Bonilla y Fanor Ancizar Guerrero, presuntamente, responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo con utilización ilícita de redes de comunicaciones.
Los hechos investigados están relacionados con el secuestro del que fue víctima Brayan Sneyder Martínez Rodríguez, un joven de 24 años de edad raptado el 29 de noviembre de 2020; y mantenido cautivo por 76 días dentro de un hueco cavado en el patio de una vivienda, del barrio San Antonio de Villavicencio.
Por la liberación de Martínez Rodríguez los secuestradores inicialmente exigían el pago de 200 millones de pesos, suma que finalmente se redujo a 80 millones.
Durante la investigación fue posible determinar que uno de los implicados sería familiar de la víctima. Labores de policía judicial evidenciaron que el plagio, al parecer, iba dirigido contra la hermana de uno de los procesados; pero ante su ausencia decidieron retener a Brayan Sneyder.
El plagio habría sido posible luego de que una mujer, supuestamente, le suministrara a la víctima un medicamento que minó su voluntad. El material de prueba permitió determinar que el secuestrado, habría sido sometido a torturas físicas y morales pues le fueron limitados los alimentos, era intimidado con asesinarlo y debía hacer sus necesidades en el mismo lugar de cautiverio.
Los procedimientos de captura de las tres personas estuvieron a cargo de personal del Gaula de la Policía en Villanueva (Casanare) y Villavicencio (Meta).
El mismo día en que la víctima huyó del secuestro el pasado mes de febrero, fueron capturados Heidy Tatiana Hincapié Caicedo y su hijo Darwin Jasir Torres Hincapié. Ninguno de los procesados aceptó los delitos imputados por la Fiscalía.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
