REGIÓN
Boyacá tendrá fin de semana con toque de queda, ley seca y pico y cédula
El tercer pico de la pandemia ocasionada por el Covid-19 no da tregua en el departamento. Boyacá ya supera el 80 por ciento de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
La emergencia sanitaria causada por el acelerado aumento de contagios, obligó a la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Salud, a declarar la Alerta Roja Hospitalaria y a fortalecer las medidas para impedir el colapso del sistema de salud.
De esta forma, la Gobernación asumirá el control de las UCI con el fin de tener la mayor cantidad de camas disponibles para enfrentar la emergencia.
El toque de queda en todo el territorio boyacense para personas y vehículos por vías y lugares públicos, que tendrá lugar de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana del día siguiente, entre este viernes 30 de abril y lunes 3 de mayo, es una de las acciones más importantes adoptadas por el Gobierno departamental para este fin de semana.
El decreto firmado este miércoles también establece el pico y cédula departamental, a partir de este jueves 29 de abril y hasta las 11:59 de la noche del viernes 7 de mayo para el ingreso a establecimientos donde se realizan actividades como, por ejemplo, la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y al por mayor; servicios bancarios, financieros y notariales; atención al ciudadano en entidades públicas y prestación de cualquier otro tipo de servicios, excepto los de salud, farmacia y servicios funerarios.
Así las cosas, en los días pares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula termine en número par, mientras que los días impares podrán ingresar los ciudadanos cuyo documento de identidad culmine en impar.
Exenciones de las medidas
Tanto, para las restricciones de movilidad como para pico y cédula, existen exenciones. Por ejemplo, las grandes superficies, almacenes de cadena, centros comerciales y supermercados, podrán funcionar siempre y cuando, mínimo el 50% de sus áreas o de su oferta comercial sea de bienes considerados como esenciales o de primera necesidad. En caso de no cumplir este porcentaje no podrán funcionar durante el periodo de restricción.
El decreto también plantea que durante el lapso de tiempo que comprende este precepto deben ser suspendidos y reprogramados los procedimientos quirúrgicos de baja, mediana o alta complejidad electivos o diferibles, que puedan requerir hospitalización general, unidad de cuidado intensivos o intermedios, con excepción a la atención oncológica y pediátrica.
“Las IPS de la red pública y privada del departamento de Boyacá deberán mantener disponibilidad de camas para hospitalización y UCI para casos de Covid-19, acorde al plan de expansión de la IPS, debiendo como mínimo garantizar la capacidad máxima de UCI del pico del Covid- 19”, indica el texto del decreto.
Así mismo, subraya que las IPS del departamento deberán priorizar las acciones de su plan de expansión o reorganización de servicios asistenciales para a garantizar la disponibilidad del talento humano en salud, los equipos biomédicos suficientes y los insumos y medicamentos necesarios, incluyendo los elementos de protección individual.
Ley seca
De igual manera, se restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos o abiertos al público desde las 8:00 p.m. y hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, entre el viernes 30 de abril hasta el lunes 3 de mayo. Sin embargo, se autoriza la venta de bebidas embriagantes y alcohólicas por domicilio.
Igualmente, el decreto dispone que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, todas las entidades del sector público y privado deberán dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo la modalidad de teletrabajo.
La Gobernación enfatiza que todas las disposiciones contempladas en el decreto son de estricto cumplimiento para los visitantes, habitantes y residentes de Boyacá y que su incumplimiento podrá acarrear sanciones como amonestaciones, multas, suspensión de actividad y cierres de establecimientos.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
Fiscalía acusó a dos exgobernadores de Vichada por el presunto manejo irregular de un contrato
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a los exgobernadores de Vichada, Sergio Andrés Espinosa Florez y Manuel Alberto Villalba Tavera, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
El 23 de diciembre de 2015, el departamento celebró un contrato con la Unión Temporal Dotación Vichada, cuyo objeto fue la dotación del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables (CINER), por valor un valor superior a 2.318. millones de pesos, que correspondían a recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
Los elementos de prueba indican que el entonces gobernador Espinosa Flórez presuntamente favoreció al contratista, previo acuerdo con algunos particulares interesados en el proyecto, y definió las condiciones y términos del contrato, con un presupuesto oficial que superó los costos del mercado.
De otra parte, Villalva Tavera, como gobernador encargado durante distintos meses de 2015, certificó la disponibilidad de los dineros, abrió la licitación pública como un simple requisito formal, suscribió el pliego de condiciones sustentado en múltiples irregularidades, participó en la adjudicación y celebró el contrato.
Con sus actuaciones, los exgobernadores habrían permitido la apropiación de dineros en favor de la unión temporal en cuantía superior a 1.600 millones de pesos, por concepto de sobrecostos.
Imputación a contratistas
Por las irregularidades detectadas en el proceso de contratación de la dotación del CINER, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control garantías a uno de los integrantes de la unión temporal presuntamente beneficiada, y dos intermediarios. Les imputó los delitos de interés indebido en la contratación de contratos y peculado por apropiación.
Los investigados son: el representante y contratista, Manuel Eduardo Torres Robayo; y Luciela Gallo Álzate y César Augusto Zambrano Garnica. Estas personas no aceptaron los cargos en su contra.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Covioriente, informó que este 25 de abril se presentarán novedades en la movilidad para llevar a cabo las pruebas de carga de los puentes vehiculares Pilatos, Chavicure y Caney (calzada izquierda y derecha), ubicados sobre la vía Villavicencio – Cumaral, ruta nacional 6510.
Las actividades se llevarán a cabo entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. del próximo jueves, de la siguiente manera:
• De 6:00 a. m. a 9: 00 a. m. se ejecutará la prueba de carga en la calzada derecha del puente Caney, ubicado en el kilómetro 17+771. Debido a que está calzada aún no está habilitada, no se afectará el flujo vehicular.
• De 9:00 a. m. a 2:00 p. m. las pruebas de carga se realizarán sobre la calzada izquierda, y de manera simultánea, en los puentes Pilatos (km 16+891), Chavicure (km 17+116) y Caney (km 17+804).
Previo al inicio de las actividades en este segundo momento, y con el objetivo de mantener la operación de la carretera, se desviará temporalmente el tráfico hacia la calzada derecha, entre los kilómetros 16+600 y 18+400, a la altura de los puentes peatonales Villa Reina y San Antonio.
Recuerde que, para el desarrollo de estas labores, se implementarán los respectivos planes de manejo de tráfico que incluyen controladores viales, iluminación y señalización de desvío. Por lo tanto, es importante que los usuarios atiendan las indicaciones del personal a cargo del control vehiculares, las cuales están pensadas para la seguridad de todos los actores viales.
Fuente: Covioriente
REGIÓN
Procuraduría en alerta por aumento de casos de violencia sexual contra niños y niñas en el país
La violencia física, sexual y emocional contra las niñas y los niños en el país no cesa, un alarmante panorama que intensificó la vigilancia y control de la Procuraduría General de la Nación a las autoridades competentes en todo el territorio nacional, responsables de la activación de rutas de atención y de protección en favor de las víctimas y sobre las actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos.
Vaupés, Cauca y Casanare
En Vaupés, la Directora Regional del ICBF, deberá confirmarle al ente de control las actuaciones e información sobre el proceso administrativo y medidas de protección adoptadas en favor del menor de edad, víctima de abuso sexual presuntamente por el diputado Felipe García, denuncia penal que cursa en la Fiscalía General de la Nación.
Otro de los casos que son materia de verificación y seguimiento ocurrió en Paz de Ariporo, Casanare, donde el ente de control pidió al Personero municipal intervenir y priorizar el restablecimiento de derechos de tres menores de edad de 8, 9 y 10 años, estudiantes de la Institución Técnica Empresarial del Norte del Casanare, víctimas de abuso sexual en un salón de clase de la institución educativa donde trabajaba el presunto abusador.
En Soacha
Frente a las denuncias de un presunto abuso sexual contra tres menores de edad por parte de un habitante del lugar en el sector de Hogares Soacha, en Soacha, Cundinamarca, en donde se presentaron grandes disturbios y la comunidad de la zona intentó linchar al presunto agresor; el Ministerio Público requirió al Secretario de Salud de Soacha-Cundinamarca y a la Directora Regional Cundinamarca ICBF (E) un informe detallado sobre la activación de rutas de atención intersectorial y las medidas de atención brindadas a las víctimas.
Finalmente, la Procuraduría, a través de la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, exhortó a la reflexión y a la acción de las autoridades para prevenir y enfrentar las situaciones de violencia que se vienen presentando contra de niños, niñas y adolescentes y, reiterando la urgencia en la judicialización de los presuntos responsables de la comisión de los delitos que atentan contra su dignidad.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
