REGIÓN
Boyacá tendrá fin de semana con toque de queda, ley seca y pico y cédula
El tercer pico de la pandemia ocasionada por el Covid-19 no da tregua en el departamento. Boyacá ya supera el 80 por ciento de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
La emergencia sanitaria causada por el acelerado aumento de contagios, obligó a la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Salud, a declarar la Alerta Roja Hospitalaria y a fortalecer las medidas para impedir el colapso del sistema de salud.
De esta forma, la Gobernación asumirá el control de las UCI con el fin de tener la mayor cantidad de camas disponibles para enfrentar la emergencia.
El toque de queda en todo el territorio boyacense para personas y vehículos por vías y lugares públicos, que tendrá lugar de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana del día siguiente, entre este viernes 30 de abril y lunes 3 de mayo, es una de las acciones más importantes adoptadas por el Gobierno departamental para este fin de semana.
El decreto firmado este miércoles también establece el pico y cédula departamental, a partir de este jueves 29 de abril y hasta las 11:59 de la noche del viernes 7 de mayo para el ingreso a establecimientos donde se realizan actividades como, por ejemplo, la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y al por mayor; servicios bancarios, financieros y notariales; atención al ciudadano en entidades públicas y prestación de cualquier otro tipo de servicios, excepto los de salud, farmacia y servicios funerarios.
Así las cosas, en los días pares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula termine en número par, mientras que los días impares podrán ingresar los ciudadanos cuyo documento de identidad culmine en impar.
Exenciones de las medidas
Tanto, para las restricciones de movilidad como para pico y cédula, existen exenciones. Por ejemplo, las grandes superficies, almacenes de cadena, centros comerciales y supermercados, podrán funcionar siempre y cuando, mínimo el 50% de sus áreas o de su oferta comercial sea de bienes considerados como esenciales o de primera necesidad. En caso de no cumplir este porcentaje no podrán funcionar durante el periodo de restricción.
El decreto también plantea que durante el lapso de tiempo que comprende este precepto deben ser suspendidos y reprogramados los procedimientos quirúrgicos de baja, mediana o alta complejidad electivos o diferibles, que puedan requerir hospitalización general, unidad de cuidado intensivos o intermedios, con excepción a la atención oncológica y pediátrica.
“Las IPS de la red pública y privada del departamento de Boyacá deberán mantener disponibilidad de camas para hospitalización y UCI para casos de Covid-19, acorde al plan de expansión de la IPS, debiendo como mínimo garantizar la capacidad máxima de UCI del pico del Covid- 19”, indica el texto del decreto.
Así mismo, subraya que las IPS del departamento deberán priorizar las acciones de su plan de expansión o reorganización de servicios asistenciales para a garantizar la disponibilidad del talento humano en salud, los equipos biomédicos suficientes y los insumos y medicamentos necesarios, incluyendo los elementos de protección individual.
Ley seca
De igual manera, se restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos o abiertos al público desde las 8:00 p.m. y hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, entre el viernes 30 de abril hasta el lunes 3 de mayo. Sin embargo, se autoriza la venta de bebidas embriagantes y alcohólicas por domicilio.
Igualmente, el decreto dispone que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, todas las entidades del sector público y privado deberán dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo la modalidad de teletrabajo.
La Gobernación enfatiza que todas las disposiciones contempladas en el decreto son de estricto cumplimiento para los visitantes, habitantes y residentes de Boyacá y que su incumplimiento podrá acarrear sanciones como amonestaciones, multas, suspensión de actividad y cierres de establecimientos.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
