REGIÓN
Boyacenses armaron comités de evaluación y seguimiento al Plan Bicentenario
Tras una jornada de más de siete horas, adelantada en el Salón Presidentes de la Gobernación de Boyacá, se conformaron cuatro comités de evaluación y seguimiento al Contrato Plan Bicentenario.
Este se ejecuta en diferentes zonas del departamento, con una inversión inicial de 245.000 millones de pesos y una adición presupuestal de 88.700 millones para un total de 334.000 millones. Los recursos provienen de la Nación, a través del Instituto Nacional de Vías, Invías.
Durante el diálogo, presidido por el gobernador Ramiro Barragán Adame, se analizaron aspectos técnicos, prediales, ambientales y sociales de las diferentes obras que fueron gestionadas durante la administración del exgobernador Carlos Amaya y cuentan con el decido respaldo del gobierno de Barragán Adame.
En desarrollo de las deliberaciones, se estableció que la ejecución del Contrato Plan Bicentenario tiene un avance del 87 por ciento, mediante la conjunción de esfuerzos de la Nación, el departamento, los municipios beneficiados, los contratistas, las interventorías, las supervisiones, directivos, el personal vinculado, los proveedores y las propias comunidades.
Estudio por zonas
Durante la jornada se dieron a conocer los avances y dificultades presentados en las obras que se adelantan en la Zona 1, que comprenden los tramos Tasco – Paz de Río, Socotá – Alto del Sagra y Mongua – Monguí – Gámeza, con una inversión total de 123.045 millones de pesos.
Igualmente, lo ejecutado y pendiente en la Zona 2, que corresponde a los corredores Tunja – Chivatá – Paipa – Corregimiento de Palermo, que se está terminando, así como Tenza – El Crucero y la Carrera 19 y Calle 25 de Paipa, que cuentan con recursos totales por 87.100 millones de pesos.
Así mismo, la Zona 3, en la que se rehabilitan las vías Puente Latas – El Espino y Túnel – Llano de Alarcón, que ya fue entregada, y la construcción del intercambiador Nobsa – Sogamoso. Todo con una inversión de 37.229 millones de pesos.
También se analizó la Zona 4, que incluye la adecuación de la vía Villa de Leyva – Santa Sofía – Moniquirá y la carretera Buenavista – Cantino, con recursos por el orden de 60.830 millones de pesos.
“El Contrato Plan Boyacá Bicentenario tiene en este momento un avance en la ejecución del 87%”, confirmó el secretario de Infraestructura, Elkin Rincón, a partir de los informes presentados.
Por su parte, el asesor del contrato Plan Boyacá Bicentenario, Segundo Guerrero, subrayó que los trabajos están avanzando positivamente, al punto que ya hay proyectos terminados como los puentes en Togüí, Almeida, Santa María y El Chapetón, en El Espino, lo mismo que puntos críticos en Tota, Cuítiva y Corrales, y Tunel – Llano de Alarcón, entre otras, que suman un total de 89 kilómetros intervenidos.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
