META
El 67% de los habitantes del Meta consumieron pescado en Semana Santa
Solo en un día se vendieron seis toneladas de pescado en la gran subienda a los villavicenses, en las inmediaciones del edificio de la Gobernación del Meta, por 80 productores piscícolas de Restrepo, Acacías, San Martín y cuatro municipios más.
La rápida venta se entiende al revisar los datos de la Aunap (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura: el 67% de los pobladores del Meta consumen pescado en la Semana Mayor.
Las comunidades que viven en situaciones de pobreza de varias regiones del país, incluyendo al Meta y Llanos Orientales, tienen una actividad en común para tratar de subsistir y es la pesca continental: pescar en aguas de ríos grandes que bañan la región de la Orinoquia y que no tienen contacto directo con el mar.
La Aunap, sede Villavicencio, en asocio con la Secretaría de Agricultura del Meta, a través de la oficina de Cadena Acuícola y Pesquera, dio a conocer que a pesar de la pobreza en la que viven más de 3.000 pescadores y sus familias, el Meta y otras zonas de los Llanos Orientales aportaron casi 19 mil toneladas de pescado en el año 2019.
Según la entidad, se produce mayor cantidad de pescado en costas del Atlántico y Pacífico (65,2%), y en menor proporción (34,8%) en las aguas de los ríos del interior del país como Magdalena, Cauca, Amazonas, Orinoco, Meta, Inírida y Sinú, respectivamente.
Producción pesquera en el Meta
En la tarea de ese año en el Meta se contó la cantidad en toneladas de las capturas de los pescadores artesanales y las que producen los empresarios de cultivos acuícolas en Acacías, Barranca de Upía, Castilla La Nueva, Cumaral, El Castillo, Fuentedeoro, El Dorado, Guamal, Mesetas, Puerto Gaitán, Puerto López, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, San Martin, Villavicencio, Granada, Cabuyaro y el Calvario, respectivamente. Los principales ríos para esta pesca son el Meta, el Manacacías y el Ariari.
Con el apoyo de la Secretaría de Agricultura del Meta, la piscicultura con tilapia, cachama y trucha, así como el bagre, el bocachico y el amarillo, entre otros en la pesca artesanal, han hecho que el departamento le aporte a Colombia un 6% más que en el 2019, es decir casi 21 mil toneladas de producción y, este a su vez, presente un desarrollo importante durante los últimos años, con una producción cercana a las 165.230 toneladas para el año 2020 en todo el territorio nacional.
Las entidades pesqueras y acuícolas de la región estiman que a 2021 existen entre 12.000 y 12.500 familiares de los ya casi 3.500 pescadores que suplen sus necesidades para subsistir de esta actividad y que están distribuidos en los municipios del centro y sur del departamento del Meta, como en Barranca de Upía, Puerto Gaitán, Puerto López, así como de otros departamentos como San José del Guaviare, Inírida y Puerto Carreño de donde se extrae parte de este recurso animal.
La Cachama, el Bagre, el Nicuro, el Bocachico, el Amarillo, el Chancleto y el Dormilón, entre otros, son algunos de los nombres de peces que abundan en los ríos llamados grandes. Afluentes como el Ariari, Guayuriba y Guatiquía del Meta no sirven para este tipo de pesca, porque sus aguas no son lo suficientemente profundas y cálidas para estas especies.
Fuente: Gobernación del Meta
Lo que hace algunos años fue un escenario de miedo, desplazamiento y abandono forzado, hoy es ejemplo de resiliencia, productividad y esperanza. La familia de Juan María Torres y Audita Acosta, víctimas del conflicto armado en San Juanito (Meta), logró consolidar con éxito su proyecto productivo de fríjol gracias al acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Según la sentencia emitida en favor de esta familia por la justicia especializada, los esposos habitaron durante décadas el predio ‘Buena Vista’, ubicado en la vereda El Carmen. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, los constantes enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública, así como las amenazas de reclutamiento forzado contra sus hijos, los obligaron a abandonar su tierra y desplazarse en el año 2004.
Tras el proceso de restitución, la URT garantizó la reparación integral de esta familia campesina mediante la implementación de un proyecto productivo de fríjol, con una inversión equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, recursos que permitieron fortalecer la producción agrícola, realizar adecuaciones en el predio y mejorar sus condiciones de trabajo.
La intervención también incluyó acciones de seguridad alimentaria, mediante la entrega de gallinas ponedoras, apoyo para la producción de maíz, el fortalecimiento de la cría de cerdos, cultivos de granadilla y la adecuación de una bodega para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.
Uno de los logros más significativos para la familia fue la entrega de una vivienda rural digna en el predio restituido, permitiéndoles regresar de manera definitiva a su tierra y reconstruir su proyecto de vida en condiciones adecuadas y seguras.
Actualmente, Juan y Audita continúan desarrollando sus actividades agrícolas y pecuarias, con cultivos de maíz y fríjol, además de la producción porcina. Su visión de futuro apunta ahora a diversificar su actividad económica mediante la siembra de sagú y la adquisición de una máquina para su procesamiento, iniciativa con la que buscan generar nuevos ingresos y fortalecer su emprendimiento rural.
El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, destacó este caso como un ejemplo del impacto transformador de la política pública de restitución: “nos llena de orgullo ver cómo las familias restituidas convierten las oportunidades en proyectos de vida sostenibles. Este caso demuestra que la restitución va mucho más allá de devolver la tierra; significa generar condiciones reales para que las víctimas permanezcan en el territorio, produzcan, mejoren su calidad de vida y construyan futuro con dignidad”.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
