ARAUCA
Situación en Arauca requiere medidas en materia de seguridad: Procuraduría
Fue decretada la calamidad pública en el departamento de Arauca tras la masiva llegada de migrantes venezolanos y connacionales a la región por cuenta de los enfrentamientos armados que se viven en la frontera.
Ante la situación el Ministerio Público realizó un vehemente llamado a que junto con la garantías de atención humanitaria a las personas desplazadas en especial las relacionadas con albergue, alimentación y salud; se revisen medidas de fondo especialmente aquellas relacionadas con el tema de seguridad.
Lo anterior teniendo en cuenta que dichos desplazamientos se han realizado con ocasión de los enfrentamientos que han ocurrido en el vecino país y que han presionado el desplazamiento de cerca de 4.700 personas.
En este sentido la Procuraduría solicitará al gobierno nacional que se acuda ante instancias internacionales con el fin de solicitar su participación, veeduría y acompañamiento en el sentido de garantizar que desde el vecino país se observen las normas del Derecho Internacional Humanitario que ponen de presente que por encima de cualquier enfrentamiento deben estar los derechos fundamentales de la población civil.
Al respecto la Procuraduría General de la Nación consideró que si bien son necesarias todas las medidas que se vienen tomando en relación con la situación en Arauca y entre las que se destacan la entrega de ayudas humanitarias a las familias necesitadas, las que incluyen mercados, kits de aseo, colchones, carpas, menajes de cocina y demás necesarios, para cumplir con la meta de atención, la realización de pruebas para identificar riesgos de contagio por covid-19 y un censo que establezca cuantas de las personas desplazadas son connacionales y cuantas extranjeras; es necesario poner fin a los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para salvaguardar su vida, lo que implica un análisis profundo en materia de seguridad.
*”La situación que sufren los habitantes de Arauca tiene sus raíces en el grave problema de seguridad que se está viviendo en la frontera, es un problema que debe seguir atendiéndose de manera profunda e inmediata. Pienso que se requiere hacer un pare total de los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para poder salvaguardar sus vidas, siendo necesario hoy, no sólo la participación y el trabajo del gobierno territorial y nacional sino también el de organismos internacionales”, afirmó la Procuradora General, Margarita Cabello.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
