META
Viuda y sus ocho hijos despojados de sus tierras en Mapiripán, serán compensados económicamente
En cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, la Unidad de Restitución de Tierras, entregará a María del Carmen Ruíz* y a sus ocho hijos, herederos del señor Cristian Gómez*, el dinero correspondiente al valor del predio de 331 hectáreas, ubicado en la vereda El Águila de Mapiripán, Meta.
La compensación por equivalencia económica con pago en efectivo es una figura contemplada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y se da cuando no es posible restituir originalmente el predio demandado. De esta forma, se realiza un pago en efectivo, siguiendo los parámetros en función de los avalúos estipulados en la reglamentación.
En 1969, el señor Gómez* (q.e.p.d), adquirió el predio en el que residía con su esposa y sus hijos y se dedicaban a la cría de ganado. Su tragedia empezó cuando los grupos armados se paseaban por su finca y en 2006 en la vereda corrió el rumor de que el jefe paramilitar, Pedro Oliverio Guerrero, alias “Cuchillo”, estaba comprando todas las fincas del sector. Efectivamente, los miembros de las autodefensas llegaron a su vivienda y le entregaron $40 millones por la finca con la promesa de luego darle más dinero.
La familia se desplazó al municipio de Acacías, a donde dos años después llegó el señor Javier Gavilán y los obligó a suscribir una escritura pública para oficializar el negocio de compraventa.
Wilson Leyton, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, indicó que la entidad asumió la representación legal de esta familia despojada de sus tierras, que luego de 15 años de abandono forzado, será compensada debido que gran parte de la finca se encuentra en zona de recuperación ecológica, según el
Esquema de Ordenamiento Territorial de Mapiripán, e igualmente teniendo en cuenta la edad de la esposa del señor Gómez*.
Agregó que el juez de restitución, declaró ilícita la suscripción del negocio de compraventa del predio, que se había protocolizado mediante escritura pública y ordenó además que esta familia tendrá derecho a la oferta institucional del Estado en materia de salud, educación y alivio de pasivos, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eduardo Guzmán Moreno, presunto responsable de agredir sexualmente a cuatro de sus estudiantes, menores de edad.
Los hechos ocurrieron en un colegio de Granada (Meta), donde el hombre se desempeñaba como profesor de primaria, durante el primer trimestre de 2023.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El cargo no fue aceptado.
De acuerdo con la investigación, este hombre se aprovecharía de las clases que dictaba a sus alumnos, con edades entre los 7 y 8 años, para, presuntamente, proyectarles videos pornográficos en un televisor, e induciéndolos a realizar las prácticas sexuales vistas.
Servidores de la Policía Nacional capturaron a este hombre en un sector residencial de Granada (Meta).
Fuente: El Diario del Llano -. HOLA Casanare
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la compensación a una mujer y a su hijo, quienes fueron desplazados de su finca ‘La Esperanza’ en la vereda Manzanares del municipio de Acacías, Meta. Esta decisión se destaca por su enfoque diferencial, reconociendo las particularidades de los sujetos en condición de especial protección, en este caso, debido a la situación de analfabetismo que enfrenta la madre.
La historia de esta familia se remonta a 1978, cuando el padre de la mujer adquirió el predio de siete hectáreas. En 1983, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) le adjudicó oficialmente la propiedad. En ‘La Esperanza’, construyeron un hogar donde cultivaban plátano, café y yuca. Pero en 1991 falleció el padre y la hija continuó luchando por mantener su hogar y darle sustento a su hijo.
Les tocó salir del predio
No obstante, el año 2002 marcó un antes y un después en sus vidas. Guerrilleros de las Farc, que hacían presencia en la zona, llegaron a su vivienda para informarles que debían abandonar el predio debido a inminentes enfrentamientos entre el Ejército y los paramilitares. Sin más opciones, madre e hijo huyeron hacia Villavicencio, dejando atrás sus tierras, cultivos y pertenencias.
Con el paso del tiempo y tras la implementación de la Ley 1448 de 2011, esta mujer decidió recuperar su hogar. Acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, (URT), que llevó su caso ante la justicia. Hoy, el juez especializado ordenó la compensación, por lo que la entidad deberá comprarle un nuevo predio con condiciones similares al que abandonó forzadamente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Debido a los incumplimientos y deficiencias en la presentación de los Informes, de Cumplimiento Ambiental, Cormacarena capacitó y sensibilizó a 68 de los 129 titulares mineros en 21 municipios del departamento, quienes están a cargo de la explotación de estos recursos. De estos, el 85 % corresponde a material de arrastre, como gravas y arenas, extraídos de los cauces de los ríos, mientras que el 15 % restante corresponde a material de cantera, como materiales de construcción extraídos de yacimientos a cielo abierto.
“Agradecemos enormemente a la corporación por este tipo de espacios que nos ayudan como titulares mineros a un mejor reporte de toda la información ambiental y a que todos los proyectos mineros sigan siendo representativos y sostenibles en el territorio. La capacitación fue muy clara y pudimos identificar varios errores en los que hemos incurrido, la idea es ampliar la información a todo el resto de profesionales y presentar la información como Cormacarena la requiere”, destacó Ana María Saldarriaga, representante de la empresa minera AGREMET S.A.
Para desarrollar la minería legalmente constituida en el departamento del Meta, los titulares mineros con licencia ambiental otorgada por Cormacarena deben presentar obligatoriamente el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), un instrumento indispensable que evalúa y verifica el cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental mitigando, corrigiendo o compensando los impactos negativos que puedan causar las actividades extractivas al ambiente o a las comunidades cercanas.
Entre los temas abordados, se incluyeron los planes de compensación y los planes de inversión forzosa de no menos del 1%, necesarios para compensar los impactos negativos en el ambiente y asegurar que las empresas mineras operen de manera responsable.
Fuente: Comunicaciones Cormacarena
