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Viuda y sus ocho hijos despojados de sus tierras en Mapiripán, serán compensados económicamente
En cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, la Unidad de Restitución de Tierras, entregará a María del Carmen Ruíz* y a sus ocho hijos, herederos del señor Cristian Gómez*, el dinero correspondiente al valor del predio de 331 hectáreas, ubicado en la vereda El Águila de Mapiripán, Meta.
La compensación por equivalencia económica con pago en efectivo es una figura contemplada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y se da cuando no es posible restituir originalmente el predio demandado. De esta forma, se realiza un pago en efectivo, siguiendo los parámetros en función de los avalúos estipulados en la reglamentación.
En 1969, el señor Gómez* (q.e.p.d), adquirió el predio en el que residía con su esposa y sus hijos y se dedicaban a la cría de ganado. Su tragedia empezó cuando los grupos armados se paseaban por su finca y en 2006 en la vereda corrió el rumor de que el jefe paramilitar, Pedro Oliverio Guerrero, alias “Cuchillo”, estaba comprando todas las fincas del sector. Efectivamente, los miembros de las autodefensas llegaron a su vivienda y le entregaron $40 millones por la finca con la promesa de luego darle más dinero.
La familia se desplazó al municipio de Acacías, a donde dos años después llegó el señor Javier Gavilán y los obligó a suscribir una escritura pública para oficializar el negocio de compraventa.
Wilson Leyton, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, indicó que la entidad asumió la representación legal de esta familia despojada de sus tierras, que luego de 15 años de abandono forzado, será compensada debido que gran parte de la finca se encuentra en zona de recuperación ecológica, según el
Esquema de Ordenamiento Territorial de Mapiripán, e igualmente teniendo en cuenta la edad de la esposa del señor Gómez*.
Agregó que el juez de restitución, declaró ilícita la suscripción del negocio de compraventa del predio, que se había protocolizado mediante escritura pública y ordenó además que esta familia tendrá derecho a la oferta institucional del Estado en materia de salud, educación y alivio de pasivos, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
