CASANARE
Citan a Audiencia Pública a exgobernador Nelson Mariño por contrato de pozos profundos en Yopal
Decisión también cobija a Gustavo Lara, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación para la época.
Por posibles irregularidades en la construcción de cuatro pozos profundos para el Acueducto de Yopal y su interventoría, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Helver Martínez, y Nelson Ricardo Mariño, como gobernador (e) y gobernador de Casanare para la época.
La decisión también cobija a Gustavo Adolfo Lara Sepúlveda, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare para la época de los hechos.
Al parecer, Mariño Velandia suscribió el mencionado contrato de construcción y de interventoría sin verificar la capacidad, idoneidad, experiencia directamente relacionada de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Yopal para realizar estas obras.
Agrega el pliego de cargos, que siempre fue claro que la EAAAY no era quien iba a ejecutar directamente las obras. Por tanto, el entonces Gobernador habría permitido que ésta subcontratara las obras civiles pactadas. Además, el contrato se habría celebrado de manera directa, cuando lo procedente para escoger al contratista era realizar un proceso de Licitación Pública.
Se advierte que mediante resolución firmada por el exgobernador encargado, Helver Rossell Martínez Bohórquez, se invocó la señalada causal de contratación directa para celebrar este Convenio, tras señalar que el objeto de la EAAAY tiene relación directa con las obligaciones estipuladas.
Al respecto, el Ministerio Público reprochó la conducta del entonces jefe de la oficina Jurídica, Gustavo Lara Sepúlveda, quien habría asesorado jurídicamente e impartido su visto bueno a la citada resolución, así como a la solicitud de oferta hecha por la gobernación de Casanare a la EAAAY y al contrato interadministrativo, sin verificar previamente la capacidad, idoneidad y experiencia relacionada de la firma contratista.
En el marco de este proceso los investigados podrán presentar su versión libre de los hechos, y solicitar, directamente o a través de sus defensores, la práctica de pruebas que resulten conducentes y pertinentes para esclarecer los hechos objeto de investigación.
La audiencia pública se llevará a cabo este viernes 17 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana, en la sala de Audiencias de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
