META
Mujer recuperó su predio en Puerto Gaitán y le apostó al emprendimiento
Luego de recuperar su predio de siete hectáreas, ubicado en la vereda San Miguel de Puerto Gaitán, doña Rubiela Bernal y su hijo le apostaron a la crianza de camuros, como alternativa productiva para lograr una vida sostenible.
Se trata de un animal con características similares a las de la oveja y el cabro que, contrario a tener un vellón de lana, tiene un grueso pelaje con el que se protege de las altas temperaturas. De acuerdo con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, es una especie de oveja originaria de África que llegó a América con los inmigrantes españoles y los esclavos africanos. Es una especie que está reemplazando la carne de res, ya que requiere menos inversión y tiene un impacto ambiental menor comparado con los bovinos.
“Agradezco a la Unidad de Restitución de Tierras, por el apoyo que nos dieron para recuperar nuestra finca “La Esperanza” y después para implementar nuestro proyecto productivo de crianza de camuros que transformó nuestras vidas. La Unidad nos compró 8 hembras y un macho, nos apoyó con la construcción del aprisco y nunca ha dejado solos”, señaló la señora Bernal. Agregó que poco a poco han aprendiendo sobre el cuidado de los animales y ahora ya completan 25 camuros que cuidan y vacunan.
Por su parte, Wilson Leyton, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, indicó que la Unidad además de hacer la devolución material del predio, otorgó a la familia Bernal un subsidio por $30 millones que fue utilizado para la compra de los ovinos y la adecuación de las instalaciones; al igual que se apoyó la siembra de maíz, pasto, plátano y yuca. Así mismo, se realizaron constantes visitas de acompañamiento integral por parte del equipo de proyectos productivos.
“La cría de camuros o de ovejas criollas, se constituye en alternativa productiva y de seguridad alimentaria para comunidades rurales, por lo cual nos satisface que la
comercialización de este proyecto de producción de carne ovina esté asegurada gracias a la demanda existente en la región”, sostuvo Leyton.
El caso de la familia Bernal, es un ejemplo de cómo la restitución de tierras además de garantizar la recuperación de la tierra abandonada por causa de la violencia y el retorno al campo, brinda la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres campesinas y de sus hijos.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.
En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.
Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.
El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.
Fuente: Comunicaciones ICA
La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.
Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.
Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
