La Gobernación de Casanare continúa ejecutando el “Plan de recuperación vial 2026”, una estrategia que busca mejorar la infraestructura vial del departamento, respondiendo a las necesidades priorizadas por los municipios, especialmente en la red vial rural.

El secretario de Infraestructura, Álvaro Rivera, junto a su equipo del Banco de Maquinaria, ha liderado mesas de trabajo con los alcaldes para programar y materializar intervenciones técnicas ajustadas a las condiciones de cada municipio, optimizando la conectividad y facilitando la movilidad de personas, bienes y servicios.

En el municipio de San Luis de Palenque, y en articulación con el alcalde Ediber Vásquez, se dio inicio a las actividades de mantenimiento vial en la vereda San Francisco. Se intervendrá un tramo de 6 kilómetros, que conecta la escuela San Francisco con la escuela La Victoria, un corredor estratégico para las comunidades rurales.

En este tramo se ejecutan trabajos de mantenimiento periódico, realce de la rasante y construcción de terraplén en puntos críticos. Estas acciones técnicas permitirán mejorar la capacidad estructural de la vía, optimizar el drenaje superficial, reducir la afectación por temporadas de lluvia y garantizar una mejor transitabilidad durante todo el año.

La intervención de esta vía generará beneficios directos para la comunidad, al facilitar el acceso a servicios educativos, de salud y comerciales, reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar las condiciones para el transporte de productos agropecuarios y fortalecer la seguridad vial de quienes transitan por el sector.

Representantes de la comunidad de la vereda San Francisco expresaron su satisfacción por ver atendida una solicitud de años. Manifestaron que “para nosotros es una alegría inmensa ver estas máquinas aquí. Como campesinos, lo que más necesitamos son vías para poder movernos y que nuestros hijos lleguen a la escuela sin contratiempos”.

El alcalde de Yopal entregó títulos de propiedad a familias de Morichal y La Chaparrera, que esperaron más de 19 años la legalización de sus viviendas. Este proceso les brinda seguridad jurídica y respaldo legal sobre sus predios, siendo el resultado del trabajo técnico, jurídico y administrativo de la Administración Municipal para resolver una situación histórica. Este avance se realizó junto a la secretaria de Planeación Municipal, Narda Perilla.

La formalización de estas viviendas, que pese a su antigüedad no contaban con títulos registrados, responde a una gestión orientada al ordenamiento territorial y a la garantía de derechos fundamentales para las familias. Con ello, se consolida la estabilidad y la certeza jurídica para los habitantes de estas comunidades.

La entrega de los títulos otorga a los beneficiados tranquilidad y estabilidad, permitiéndoles ejercer plenamente sus derechos sobre la vivienda. Este documento les posibilita proteger legalmente su inmueble, heredarlo y acceder a programas de mejoramiento, créditos y subsidios, impactando directamente su calidad de vida y su proyección a futuro. Además, previene conflictos por la tenencia de la tierra y fortalece el arraigo comunitario.

Más allá del beneficio directo a las familias, la legalización de estos predios contribuye al saneamiento de la propiedad fiscal y al fortalecimiento de la base de recaudo del impuesto predial. Facilitará la inversión de recursos públicos en infraestructura, servicios y mejoramiento del entorno, especialmente en sectores que requieren atención prioritaria para el desarrollo urbano y social del municipio.

Este logro en Morichal y La Chaparrera representa un resultado tangible de la gestión del alcalde Marco Tulio Ruiz y su equipo, dando respuesta a una necesidad histórica. Para las familias, la escritura marca el cierre de una larga espera y el inicio de una etapa de mayor estabilidad jurídica y patrimonial. El proceso continuará avanzando para otras familias que aún esperan la legalización de sus predios, conforme a la normatividad y planificación establecidas por la Administración Municipal.

Por la ola de violencia registrada en diferentes municipios de Casanare entre 2020 y 2021, la Fiscalía General de la Nación identificó a un cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo, del ‘Clan del Golfo’ que ordenó, por cadena de mando, al menos 21 crímenes en la región.

Se trata de José Antonio Hernández Pérez, alias Zamir, quien mediante preacuerdo aceptó su responsabilidad en los asesinatos y fue condenado por un juez de conocimiento a 24 años y 10 meses de prisión.

Según la Fiscalía, las acciones delincuenciales se registraron en Yopal, Maní, Villanueva, Tauramena, Pore y Orocué, como  parte del control territorial que ejercía este grupo armado en el territorio.

Uno de los crímenes que se le atribuyen, es el del líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Cusiana en Tauramena, Julio Velásquez Martínez, ocurrido el 7 de diciembre de 2020.

La víctima se encontraba en un taller de ornamentación en el momento que hombres, que se movilizaban en una motocicleta, lo atacaron con arma de fuego causándole la muerte.

El hecho se presentó porque se negó a trabajar con el grupo ilegal. Otro de los asesinatos, se registró el 9 de mayo de 2021, en Orocué, donde integrantes de la subestructura cumpliendo órdenes de alias Zamir, dispararon en repetidas ocasiones a
un hombre y posteriormente arrojaron su cuerpo a un río. El hecho se habría perpetrado porque la víctima supuestamente estaba suministrando información a las autoridades sobre las actividades de grupos armados en la región.

Por todo lo anterior, fue sentenciado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o  tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las tres conductas agravadas.