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Quedó listo el acuerdo para diseño y construcción del nuevo viaducto Chirajara
Una vez surtidos todos los trámites administrativos internos en la Agencia Nacional de Infraestructura, Coviandes y la ANI han suscrito un Otrosí al Acuerdo de Transacción que permitirá dar curso a la elaboración de los diseños y la construcción del viaducto Chirajara, de tipo de voladizos sucesivos, que deberá estar finalizado el mes de diciembre de 2023.
Dentro del acuerdo alcanzado, merecen destacarse los siguientes aspectos:
- Las Partes reconocieron que la norma técnica aplicable que regía la construcción del puente atirantado bajo el alcance de que trataba el Acuerdo de Transacción, era el Código de Puentes – CCP95.
- Se acordó modificar la tipología del puente a construir y se ejecutará un puente en voladizos sucesivos, bajo los criterios de la norma técnica colombiana de diseños LFRD CCP-14 de 2014.
Lo anterior, como alternativa a la construcción del puente atirantado, pues dando aplicación a la referida norma técnica, tal y como se acreditó a partir de los estudios y diseños en fase III elaborados por parte de Coviandes a través de su subcontratista especializado internacional, el proyecto sería económicamente inviable, ante la imposibilidad de la ANI de aportar los recursos faltantes.
- Coviandes ha hecho ya entrega -de manera anticipada- de los nuevos Estudios y Diseños Fase III para la nueva tipología de voladizos sucesivos, y se ha dispuesto que las actuaciones a ser adelantadas por el Concesionario y la Interventoría habrán de dar lugar a la obtención de la “No Objeción a los Diseños” en un plazo máximo de tres (3) meses.
- El plazo total de construcción será de 32 meses y contado a partir de que la Interventoría emita su “No objeción” a los Estudios y Diseños elaborados por Coviandes. De esta manera, tanto la ANI como el Concesionario, han dispuesto que los acuerdos alcanzados, y resumidos previamente, permitirán a Coviandes la construcción del viaducto Chirajara de tipo voladizos sucesivos, dando aplicación a la norma técnica vigente LFRD CCP-14 de 2014.
El viaducto, que estará disponible para el tránsito en sentido Bogotá – Villavicencio, tendrá una longitud total de 421,2m compuesto por tres luces (114,6m, 192m y 114,6m). El tablero del puente medirá 11,50 m de ancho y podrá movilizarse tráfico vehicular en dos carriles de 3,65 m de ancho, berma en calzada lenta de 1,8 m y en calzada rápida de 0,50 m, anden peatonal de 1,2m y barreras de protección vehicular tipo new jersey de 0,35m.
La superestructura del puente es tipo viga cajón en concreto postensado, tiene altura variable entre 9,2m y 2,8m, las longitudes de construcción de las dovelas se encuentran entre 4,0 y 5,0 m, la losa (placa) inferior tiene un espesor variable entre 0.90m y 0.24m, los muros del cajón tienen espesores variables entre 0,60m y 0,45m. Esta estructura estará armada con cables postensados con longitudes que alcanzan los 295.000 ml.
La superestructura del viaducto se soportará sobre dos pilas principales, una de ellas de altura 54m y la otra de 73m, soportadas en un elemento estructural tipo zapata de sección cuadrada de 15m, la cimentación de cada pila contara con cuatro (4) caissons pre excavados de 3,5m de diámetro en concreto reforzado, macizos, que alcanzaran profundidades de fundación entre 40 y 50 metros de longitud.
La cantidad de acero de refuerzo necesaria para este proyecto será de 3.000 toneladas, para lo cual se necesitará de 100 viajes de tractomulas. Así mismo, la cantidad de concreto que se requiere es de 17.000 m3, equivalente a 2500 viajes de camiones con hormigón de 25 ton.
Fuente: Coviandes
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Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
