CASANARE
Gobernación anunció recompensa de 20 millones para esclarecer ataque armado en Villanueva
El Gobierno seccional adoptó una serie de medidas orientadas a preservar el orden público y prevenir hechos violentos que interrumpan la tranquilidad del departamento, como el ocurrido anoche en Villanueva.
El suceso violento que se presentó en el mencionado municipio del sur de Casanare, obligó a las autoridades departamentales a adelantar un consejo extraordinario de seguridad, que lideró el gobernador Salomón Sanabria Chacón.
Luego del dicho evento que se cumplido en Villanueva y que inició a las 2 de la mañana de hoy, se acordaron nueve compromisos.
El primero de ellos es una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregué información, que permita el esclarecimiento judicialización y captura de los responsables del hecho.
Un según compromiso apunta a ratificar solicitud para recuperar los dos pelotones de soldados profesionales, que se encuentran en erradicación en el departamento de Putumayo.
Lo que se pretende es que dichos efectivos militares retornen al departamento y se vinculen en los procesos que adopten las autoridades, para mitigar la problemática que se presentó en Villanueva.
Así mismo se realizará de manera inmediata un puesto de mando unificado de todas las fuerzas, Ejército, Policía y Fiscalía, en el municipio de Villanueva.
Su tarea será la de adelantar acciones conjuntas interagenciales y coordinadas, que permitan esclarecer los hechos ocurridos ayer en la menciona población.
De igual forma la Décima Sexta Brigada se comprometió con el aporte de equipo operacional de Gaula militar y dispuso de manera inmediata de una unidad motorizada, para realizar acciones de investigación específicamente para el caso.
Por su parte la Armada Nacional ofreció dos buques que se encuentran en Orocué, para desarrollar operaciones ocupar en las riveras del Río Meta entre La Poyata y Santa helena.
Un séptimo compromiso tiene que ver con la articulación de la línea de investigación, que lleva Policía nacional con la Fiscalía, para poner en marcha un plan la participación de especialistas en crimen organizado, que pueda esclarecer el hecho violento de anoche.
La policía Nacional también realizará mesa de trabajo interna para la revisión del plan de operaciones y generar acciones, que permita resolver los hechos.
Finalmente todas las autoridades presentes se comprometieron esclarecer los hechos y generar acciones que brinden tranquilidad y seguridad a nuestros casanareños, por parte de la Gobernación y la Alcaldía de Villanueva de la mano de la fuerza pública y organizamos de investigación.
En el consejo extraordinario de seguridad número 16, tomaron parte el secretario de gobierno departamental, Óscar Gómez, el alcalde de Villanueva, Oswal Fontecha, autoridades militares y policiales del departamento.
Fuente: Gobernación de Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
