REGIÓN
Superservicios verificará calidad del agua en siete municipios de Boyacá
Ante el posible riesgo de contaminación con plomo de la laguna de Tota, una de las fuentes de abastecimiento de los acueductos de siete municipios de Boyacá, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomará muestras para determinar la calidad del agua que se suministra a la población y requirió información a los 21 prestadores del servicio en el departamento.
Debido a la alerta dada por la Procuraduría General de la Nación, la superintendente, Natasha Avendaño García, indicó que en los próximos días inicia la toma de muestras de agua en las redes de los municipios que se abastecen de la laguna de Tota, con el fin de determinar si hay presencia de plomo en el líquido suministrado a los usuarios y, en caso de detectarse, tomar las acciones a que haya lugar para su control por parte de los prestadores.
Las muestras se tomarán en los municipios de Tota, Sogamoso, Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Iza y Nobsa en Boyacá.
La entidad también hizo requerimiento de información urgente a los prestadores sobre las actividades que realizan para verificar que no haya presencia de plomo en el agua entregada a sus usuarios. En particular, se solicitaron los resultados de las caracterizaciones adelantadas a la fuente de abastecimiento durante la vigencia 2019 y 2020, en donde se incluyan resultados de plomo. Igualmente, se solicitó el reporte del estado de sus planes de emergencia y contingencia, así como la identificación de fuentes de abastecimiento alternas.
La superintendencia señaló que tiene a su cargo la vigilancia en la prestación del servicio, entre ellas, la calidad, tratamiento y condiciones de suministro, e indica que la vigilancia sobre las condiciones de las fuentes de agua, como la laguna de Tota, está a cargo de las autoridades ambientales.
Por otra parte, para el monitoreo adecuado de esta situación, la Superservicios recuerda el deber de los municipios y prestadores a nivel nacional de contar con mapas de riesgo para el control de la calidad de agua potable en cada región, con el fin de identificar parámetros físicos y/o químicos adicionales a vigilar, como en este caso el plomo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2115 de 2007.
La superintendencia acompañará la mesa de trabajo convocada por Corpoboyacá el próximo 18 de noviembre, a la que asistirán también representantes de la Procuraduría, alcaldías y autoridades sanitarias.
Fuente: Superservicios
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
