META
En dos meses inicia construcción del nuevo puente de Chirajara
En el marco del Diálogo Regional ‘Compromiso por Colombia’, que se llevó a cabo este sábado en la ciudad de Villavicencio, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que a más tardar en dos meses se inicia la construcción del nuevo puente de Chirajara.
Sobre el nuevo viaducto en la vía Bogotá-Villavicencio, la Ministra aseveró: “Esperamos que inicie su construcción a más tardar en dos meses. Lo que es cierto es que todo el proyecto de la iniciativa Chirajara – Fundadores, se espera que se entregue a más tardar en junio del 2022, el proyecto completo”.
Con respecto a la estructura, agregó que “se tomó la decisión de que es un nuevo puente, que no se van a utilizar las cimentaciones del anterior, sino que empieza de ceros”.
Solución Técnica Km 58 vía Bogotá – Villavicencio
Como parte de esta agenda que mejorará la movilidad del país se encuentra la solución técnica del kilómetro 58 de la vía Bogotá – Villavicencio, corredor estratégico para la comercialización de los productos locales del llano.
En la ejecución de estas obras, la entidad reactivará la economía local con la generación de 1.163 empleos para los habitantes de la región y se invertirán 150.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, a través del Invías.
Con la intervención de este tramo se impulsará la economía del departamento al garantizar la movilidad con la capital del país, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de 367.132 habitantes de la región.
Entre las actividades a ejecutar en el Km 58 de la vía se encuentra la solución de problemas geológicos y geotécnicos que provocan deslizamientos que afectan la movilidad en el corredor.
De igual forma, se realizarán ajustes a los diseños de construcción de un viaducto de 750 metros de longitud y se llevarán a cabo obras de pavimentación, hidráulicas y de contención.
La apertura de la licitación de este proyecto se realizará en enero de 2021 y en marzo se hará la audiencia de adjudicación. De esta forma, a finales del mismo mes se dará inicio al contrato.
Transversal de La Macarena (Mesetas – Uribe)
Como parte de esta agenda que mejorará la movilidad del país se encuentra el mejoramiento de 48 kilómetros de la vía Mesetas – Uribe, que hace parte de la Transversal de La Macarena. En la ejecución de estas obras, la entidad reactivará la economía local con la generación de empleos para 3.275 habitantes de la región y se invertirán 370.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, a través del Invías.
Con la intervención de este tramo se inyectarán a la economía del departamento 5.944 millones de pesos, que mejorarán la calidad de vida de los 309.718 habitantes de la región.
Así mismo, los transportadores que se movilicen por la región podrán disminuir sus costos de operación en más de 4.000 millones de pesos anualmente.
La apertura de la licitación de este proyecto se realizará en noviembre de este año y en febrero de 2021 se hará la audiencia de adjudicación. En marzo del próximo año se dará inicio al contrato.
De esta forma, el Sector Transporte ratifica su compromiso con el departamento del Meta, ejecutando obras y proyectos de infraestructura vial con rentabilidad social para el beneficio de la comunidad buscando la calidad de vida de todos los colombianos.
Fuente: Ministerio de Transporte
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
