CASANARE
Contraloría Departamental de Casanare audita 184 contratos relacionados con COVID-19
Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, dentro de los cuales está revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados.
Las auditorias están distribuidas así: 25.127 millones
Grupo 1: le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de
Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de
Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos.
Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal,
Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y
el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el
orden de 5.175 millones de pesos.
Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía,
Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Paz de
Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las
Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos
suman 3.170 millones de pesos.
Contratos solicitados por Contraloría General de la República
Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por
control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la
República, solicitó el estudio de 12 contratos, entre los cuales están 5
de la Gobernación de Casanare, como lo fue el de camas hospitalarias, de
adulto mayor y compra de equipos biomédicos que superan los 12.135
millones de pesos.
De La Salina se solicitó un contrato de bienes para el Comité de Gestión
de Riesgo por 24 millones 533 mil pesos; del Hospital Regional de la
Orinoquia, uno de Biomédicos por 1.477 millones de pesos; en Hato
Corozal dos contratos de suministro por valor de 379 millones 854 mil
pesos; en Yopal 2 contratos de suministro por 1.296 millones de pesos y
en Villanueva, un contrato de 217 millones 607 mil pesos.
De los 25.028 millones de pesos inicialmente auditados por el ente de
control en el departamento, la Contraloría General de la República,
realizó intervención funcional a 12 contratos que equivalen a 15.530
millones de pesos. Así las cosas, la Contraloría en Casanare culminó
auditorias en contratos por valor de 9.597 millones, es decir el 38 por
ciento del monto con el que arrancó en este proceso.
Logros
Gracias al trabajo de las distintas auditorías que adelantó la
Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes
territoriales empezaran a elaborar estudios previos y de mercados más
organizados; se contrató con precios más bajos; algunos entes
territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los
precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la
contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes modalidades
de la contratación contenidas en Ley 80 de 1993, lo que generó procesos
más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia a través del
ejercicio de selección objetiva de los contratistas.
La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la
legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia
Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos,
verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se
contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está
realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos
públicos en estos contratos.
Fuente: Comunicaciones Contraloría de Casanare
Con los resultados del preconteo, la Cámara de Representantes por Casanare estará ocupada por Arledy Alvarado Patiño y Diego Fernando García Alfonso.
Alvarado Patiño, quien aspiraba a la curul por el Partido Centro Democrático, de acuerdo al preconteo alcanzó 17.747 votos, de los 48.014 papeletas que obtuvo la colectividad, que a la postre fue la más votada en el departamento. En esa misma lista el candidato Álvaro Mariño obtuvo 12.622 votos, mientras que el pastor Wilmer Garcés ayudó con 8.760. El logo del Partido, que son los votos solo por la lista, alcanzó un total de 8.885 votos.
Por su parte García Alfonso, quien representaba a la Alianza por Casanare, conformada por el Partido Verde y el Partido En Marcha, logró 32.061 votos en el preconteo, convirtiéndose en el candidato más votado de la contienda. En esa misma lista la candidata Diana Rincón Leguizamón obtuvo 5.205 votos, mientras que el candidato Fabián Cordero Escobar colaboró con 2.700 votos. El logo de la Alianza alcanzó 1.824 votos. La lista total llegó a los 41.790 votos.
Ambos representantes se comprometieron a no parar su trabajo de campaña, y esta semana estarán visitando a sus electores en los diferentes municipios, de acuerdo con lo expresado luego de conocerse los resultados la noche anterior. Tanto Arledy Alvarado como Diego García señalaron que de inmediato iniciarán su trabajo para avanzar en diferentes temas, de cara a “no perder tiempo” en las gestiones que deben realizar desde sus curules.
La jornada electoral para elegir Senado de la República, Cámara de Representantes y consultas políticas se desarrolló con normalidad en Yopal, según el balance entregado por las autoridades al cierre de las votaciones.
Durante la jornada, que se extendió por ocho horas continuas, los ciudadanos acudieron a los diferentes puestos de votación habilitados en la ciudad para ejercer su derecho al voto. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el proceso transcurrió en un ambiente de participación ciudadana y sin alteraciones que afectaran el desarrollo de los comicios.
Una vez cerradas las urnas, los jurados de votación iniciaron el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye la destrucción del material electoral sobrante y el conteo de votos en cada mesa. El proceso de preconteo se realizó siguiendo el orden definido por la autoridad electoral: primero las consultas, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes.
La secretaria de Gobierno ad hoc para temas electorales, Carina Rojas Barreto, destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y señaló que el proceso se desarrolló con tranquilidad y respeto por las normas del ejercicio democrático.
De acuerdo con el balance preliminar, aunque se registraron algunas manifestaciones políticas en las afueras de ciertos puestos de votación, estas no afectaron de manera significativa el desarrollo de la jornada ni el funcionamiento de los puestos habilitados.
Las autoridades recordaron que los resultados oficiales serán definidos en el proceso de escrutinio electoral, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
En la vereda Buenos Aires Alto, jurisdicción de Villanueva, avanza la construcción de un dique de casi un kilómetro, específicamente 750 metros lineales, diseñado para mitigar los desbordamientos del río Upía. Esta obra es parte de las más de diez intervenciones en puntos críticos que el gobierno de César Ortiz Zorro ejecuta en el departamento de Casanare, buscando reducir el impacto de las lluvias y proteger a las comunidades rurales.
Los directores de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare, Wilson Porras, y de Villanueva, Edgar Mendoza, junto a líderes comunitarios, realizaron una inspección técnica al proyecto. Este sector ha sufrido afectaciones durante aproximadamente seis años, con el río desbordándose e inundando más de 40 predios y la vía que conecta a Caribayona, Santa Helena del Upía y parte de Buenos Aires.
José María Téllez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires Alto, ha relatado las recurrentes dificultades que enfrentan las familias. Las inundaciones han causado la pérdida de cultivos, la muerte de animales y severos problemas de movilidad para los campesinos que intentan acceder a sus viviendas, además de deteriorar constantemente la infraestructura vial.
El ingeniero Wilson Porras detalló que la estructura tendrá una pata de ocho metros, una corona de cuatro metros y dos metros de altura. Se concibe como un dique externo que no soporta el embate directo del río, sino que actúa como una barrera de contención para el agua desbordada. Su función es permitir que las inundaciones retornen al cauce principal, evitando así que sigan afectando viviendas, cultivos y la carretera.
Con esta obra, la administración departamental busca ofrecer una solución duradera a una problemática que ha impactado negativamente la economía y calidad de vida de los habitantes de esta zona rural de Villanueva, blindándolos ante futuras crecientes del río Upía.
