CASANARE
Contraloría Departamental de Casanare audita 184 contratos relacionados con COVID-19

Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, dentro de los cuales está revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados.
Las auditorias están distribuidas así: 25.127 millones
Grupo 1: le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de
Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de
Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos.
Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal,
Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y
el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el
orden de 5.175 millones de pesos.
Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía,
Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Paz de
Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las
Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos
suman 3.170 millones de pesos.
Contratos solicitados por Contraloría General de la República
Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por
control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la
República, solicitó el estudio de 12 contratos, entre los cuales están 5
de la Gobernación de Casanare, como lo fue el de camas hospitalarias, de
adulto mayor y compra de equipos biomédicos que superan los 12.135
millones de pesos.
De La Salina se solicitó un contrato de bienes para el Comité de Gestión
de Riesgo por 24 millones 533 mil pesos; del Hospital Regional de la
Orinoquia, uno de Biomédicos por 1.477 millones de pesos; en Hato
Corozal dos contratos de suministro por valor de 379 millones 854 mil
pesos; en Yopal 2 contratos de suministro por 1.296 millones de pesos y
en Villanueva, un contrato de 217 millones 607 mil pesos.
De los 25.028 millones de pesos inicialmente auditados por el ente de
control en el departamento, la Contraloría General de la República,
realizó intervención funcional a 12 contratos que equivalen a 15.530
millones de pesos. Así las cosas, la Contraloría en Casanare culminó
auditorias en contratos por valor de 9.597 millones, es decir el 38 por
ciento del monto con el que arrancó en este proceso.
Logros
Gracias al trabajo de las distintas auditorías que adelantó la
Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes
territoriales empezaran a elaborar estudios previos y de mercados más
organizados; se contrató con precios más bajos; algunos entes
territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los
precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la
contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes modalidades
de la contratación contenidas en Ley 80 de 1993, lo que generó procesos
más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia a través del
ejercicio de selección objetiva de los contratistas.
La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la
legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia
Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos,
verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se
contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está
realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos
públicos en estos contratos.
Fuente: Comunicaciones Contraloría de Casanare
CASANARE
Pacientes renales, CRUE y hospital itinerante víctimas del archivo del superávit en la Asamblea

Nuevamente, 4 diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental volvieron a cerrar la puerta a los recursos del superávit para Casanare. Por cuarta vez consecutiva, los diputados Juan Fernando Mancipe, Jorge Eduardo García, Marisela Duarte y Luz Mery Niño negaron el proyecto de ordenanza que pretendía incorporar al presupuesto de 2025 el superávit de 2024, decisión que impacta directamente la salud de miles de casanareños.
La secretaria de Salud, Tatiana Chávez Duque, advirtió que la medida frena proyectos estratégicos que estaban listos para ejecutarse. El más urgente: la apertura de la Unidad Renal del Hospital Regional de la Orinoquía, donde más de 230 pacientes con enfermedad renal en estado crítico esperan poder acceder a diálisis diarias sin depender de un operador privado que no logra cubrir la demanda. “Hoy estos usuarios seguirán viviendo entre ruegos y traslados, porque se les negó la posibilidad de un servicio digno en su propio departamento”, señaló la funcionaria.
Otros proyectos afectados
La lista de afectados no termina ahí. El Hospital Itinerante, uno de los programas de mayor impacto del actual gobierno, también quedó contra las cuerdas. La falta de recursos impide comprar equipos biomédicos exclusivos para esta estrategia, lo que obliga a movilizar aparatos del uso diario del HORO y deja todo el plan a merced de una eventual falla técnica. Se trata de un proyecto que ya ha llegado a más de 4.000 casanareños con cerca de 600 cirugías, y que ahora podría frenarse por lo que la secretaria calificó como “una decisión irresponsable”.
Otro frente crítico es la preparación frente a la fiebre amarilla. Aunque en Casanare no se registran casos, departamentos vecinos como Meta y Arauca sí reportan contagios y muertes. Sin recursos adicionales, la Secretaría de Salud no podrá contratar personal ni logística para responder ante un eventual brote, pese a que el territorio es endémico para el virus. “Estamos a nada de que el virus entre al departamento, pero nos quitaron las herramientas para reaccionar a tiempo”, advirtió Chávez.
CRUE y Línea Amiga afectados también
Tampoco se salvaron servicios vitales como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que coordina la atención de accidentes de tránsito, emergencias médicas y la línea amiga para problemas de salud mental. Los recursos para su operación solo alcanzan hasta octubre, dejando incierta su continuidad en los últimos dos meses del año, en un departamento con altos índices de accidentalidad vial.
Mientras tanto, planes de fortalecimiento de hospitales públicos como Red Salud también se quedaron sin piso. La adquisición de equipos para urgencias y hospitalización, claves en una posible emergencia sanitaria, quedó en veremos. Desde la Gobernación, el llamado es a buscar salidas con el Ministerio de Salud, pero la incertidumbre es evidente. Lo que está claro es que, en medio de disputas políticas, los más golpeados son los pacientes casanareños, que ahora ven cómo sus necesidades quedaron relegadas al archivo de 4 diputados de la Asamblea.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
A la cárcel los seis capturados en Casanare que extorsionaban a nombre del ERPAC

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces con funciones de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra seis personas, quienes se hacían pasar como integrantes del grupo armado Nuevo Renacer ERPAC, y que serían responsables de cometer actos de terrorismo y extorsiones en Trinidad, Villanueva y Monterrey.
Fiscales de la Seccional Casanare les imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, extorsión agravada; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
¿Quiénes son los capturados?
Servidores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) capturaron a Jorge Alexander Pulido Gil, alias “Polaco”, en el municipio de Trinidad quien, al parecer, contactaba a sus víctimas por mensajes de texto, a nombre del grupo armado, para exigirles altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de su familia.
Según la Fiscalía, en uno de los casos alias “Polaco” envió un video de una casa que estaba siendo quemada, con una amenaza contra una de sus víctimas para infundir temor.
De otra parte, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en Villanueva a Yeimi Andrea Pachón Vela, Luis Carlos Jiménez Armedia y Karen Lorena Hernández Bastos; quienes, según la Fiscalía, presuntamente, forzaban a ganaderos, comerciantes, agricultores, entre otros, para que pagaran altas sumas de dinero, a cambio de no atentar contra su integridad, la de su familia y sus bienes.
Se estableció, según la Fiscalía, que cada una de estas tres personas cumplía un rol diferente al interior de la organización delincuencial.
Por último, Jénifer Caroline Ríos Arteaga y Brayan Alexis Bedoya Roa fueron capturados en flagrancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional, mientras exigían el pago de 11 millones de pesos a un comerciante de Monterrey, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
46 motocicletas inmovilizadas el primer fin de semana con restricción de circulación en Yopal

46 motocicletas inmovilizadas por circular en horarios y sectores restringidos, un vehículo particular retenido, 63 órdenes de comparendo, de las cuales 3 correspondieron a conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, es el balance de la primera semana de aplicación del decreto de restricción en la circulación de motocicletas en horario nocturno durante los fines de semana en Yopal, según balance de la Secretaría de Movilidad.
Con la implementación del Decreto 116 del 13 de agosto de 2025, se dio inicio a la restricción en la circulación de motocicletas durante los fines de semana en Yopal, medida que busca reducir accidentes y tragedias en las vías, y así motivar a quienes salen a altas horas de la noche, para que usen métodos de transporte diferentes.
Incumplir la norma tiene sanciones
La Administración Municipal recordó que incumplir las disposiciones del Decreto acarrea sanciones de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, en particular lo establecido en el literal C, numeral 14 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, y demás normas aplicables. Las autoridades seguirán ejerciendo los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.
Más allá de las sanciones, este esfuerzo busca concientizar a la ciudadanía a cuidar la vida propia y la de los demás, de igual modo, se invita a mantener el compromiso por estas restricciones, entendiendo que cada decisión en la vía es un paso más hacia una con menos víctimas por siniestros viales.
Fuente: El Diario del Llano
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