CASANARE
Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral
Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.
Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.
Esta reparación integral comprende:
- La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
- La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
- La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
- Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:
1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.
3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.
4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.
5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.
6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Las primeras indagaciones adelantadas por personal especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal señalan que una posible falla eléctrica habría originado el incendio estructural que consumió el Almacén El Imperio, ubicado en la carrera 20 entre calles 12 y 13, en pleno centro de la ciudad. Así lo confirmó el comandante de la institución, teniente Rafael Rojas, quien explicó que las labores de inspección permitieron establecer que el fuego se inició en el tercer piso de la edificación, utilizado como bodega.
Según el oficial, en ese nivel se almacenaba una gran cantidad de materiales altamente combustibles, entre ellos plástico, papel, textiles y otros elementos que facilitaron la rápida propagación de las llamas. Aunque la investigación continúa para establecer con certeza las causas de la conflagración, la principal hipótesis que manejan las autoridades corresponde a una falla en el sistema eléctrico del inmueble.
La evaluación preliminar de la infraestructura determinó que el primer y segundo piso no presentan afectaciones de consideración y podrían volver a utilizarse una vez se adelanten las adecuaciones y reparaciones necesarias. En contraste, el tercer piso sufrió daños estructurales severos, por lo que, en las condiciones actuales, no podrá ser utilizado debido al alto nivel de deterioro ocasionado por el incendio.
El teniente Rafael Rojas destacó la solidaridad demostrada por la comunidad yopaleña durante la emergencia. Resaltó el apoyo de los organismos de socorro, instituciones y comerciantes del sector, quienes unieron esfuerzos tanto en las labores de extinción del incendio como en la posterior remoción de escombros, una colaboración que ha sido fundamental para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de la zona afectada.
La Gobernación de Casanare realizó el Primer Comité Departamental de Lucha Contra el Contrabando y Comercio Ilícito de Licores, Cervezas y Cigarrillos de 2026, con el propósito de coordinar acciones de prevención, control y vigilancia frente a estas actividades que afectan los ingresos del departamento y representan un riesgo para la salud de la población. Durante la jornada se expusieron estrategias para enfrentar las modalidades de comercialización ilegal.
Las entidades participantes acordaron trabajar de manera coordinada en tres frentes: cultura ciudadana, control y vigilancia, y procesos de aprehensión y decomiso de mercancías.
Como parte de los compromisos, el Ejército Nacional y la Policía Nacional apoyarán las labores de inteligencia, mientras que el equipo anticontrabando, en coordinación con la Federación Nacional de Departamentos, fortalecerá las jornadas de fiscalización y capacitación. El objetivo es combatir las redes dedicadas al contrabando, proteger los recursos del departamento y prevenir la comercialización de productos ilegales.
La secretaria de Hacienda, Gloria Lucía Rivera, señaló que el trabajo conjunto con la Federación Nacional de Departamentos y las entidades participantes permitirá fortalecer las acciones contra el contrabando de licores, cervezas y cigarrillos, con el fin de proteger los recursos públicos, la legalidad y la salud de los ciudadanos.
CASANARE
Voraz incendio en el centro de Yopal evidenció la falta de una red contraincendios en la ciudad
Luego de más de tres horas de intensas labores, organismos de socorro lograron controlar el incendio estructural que consumió por completo el almacén de variedades “Imperio”, ubicado en la carrera 20 entre calles 12 y 13, en pleno centro de Yopal. La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de los organismos de socorro y autoridades, para evitar que las llamas alcanzaran otros establecimientos comerciales del sector.
Según el reporte del Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, Teniente Rafael Rojas, en la atención participaron 45 unidades del Cuerpo de Bomberos con 11 vehículos, apoyadas por bomberos aeroportuarios, la Defensa Civil, la Policía Nacional con una tanqueta, Gestión del Riesgo, la Fuerza Aérea y personal de empresas de servicios públicos como Enerca, la Empresa de Acueducto de Yopal y Sayop. Gracias a la coordinación interinstitucional, no se reportaron personas lesionadas entre civiles ni socorristas.
Las autoridades informaron que una de las principales dificultades para enfrentar la conflagración fue la alta carga de material combustible almacenado en el establecimiento, entre plásticos y otros elementos, además de inconvenientes iniciales con el suministro de agua. No se conoce aún, el estimado de las cuantiosas pérdidas materiales.
El siniestro se registró hacia las 12:30 del mediodía de este miércoles 24 de junio y generó momentos de tensión entre comerciantes, trabajadores y transeúntes, quienes observaron cómo el fuego avanzaba rápidamente por el local comercial. Las causas de la emergencia son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
La emergencia dejó en evidencia la falta de una red contraincendios en la ciudad de Yopal, que incluya hidrantes en las esquinas o cualquier otro tipo de sistema que permita, en emergencias como esta, que los vehículos extintores del Cuerpo de Bomberos puedan reabastecerse rápidamente de agua, y no tengan que esperar que lleguen carrotanques con el vital líquido para la atención de este tipo de emergencias. Se espera que este lamentable suceso genere una respuesta de las autoridades sobre este delicado tema.
