META
Cormacarena invita a disponer de forma adecuada los residuos sólidos durante la pandemia
Como una medida para contribuir con la disminución y control de casos en el departamento del Meta por COVID-19, Cormacarena invitó a disponer de forma correcta los residuos sólidos generados durante la época de pandemia.
El aumento de uso de guantes, tapabocas y recipientes de agentes desinfectantes por parte de la comunidad, y el desconocimiento de los mecanismos para su disposición final, puede convertirse en un riesgo de contagio para las personas prestadoras del servicio público de aseo, los recicladores de oficio y la misma comunidad, si el material infectado no se dispone de manera correcta.
En tal sentido, Cormacarena recomienda atender los protocolos para personas con COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; en el documento “Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario frente la Covid-19” el cual establece las siguientes recomendaciones:
- Para los residuos generados por personas contagiadas o con síntomas se deberá destinar en la habitación un contenedor de pedal, con tapa y dotado de bolsa de color negro.
- Al salir de la habitación la bolsa con residuos debe cerrarse antes de salir de la habitación y ser introducida en una segunda bolsa con una cinta que lo identifique como material contaminado por COVID-19.
- En las áreas de almacenamiento de residuos de las unidades habitacionales, por ningún motivo deben mezclarse o ubicarse junto con residuos aprovechables, aquellos residuos contaminados por COVID-19.
- Se recomienda entregar los residuos con la menor anticipación posible a los horarios de recolección establecidos por la empresa prestadora de servicio público de aseo.
- Se deberá desinfectar los elementos de protección usados al salir de casa en soluciones preparadas con cloro o hipoclorito antes de desecharlos en el recipiente de los residuos ordinarios.
En caso de no tener personas contagiadas o con síntomas, se debe separar los residuos domésticos para facilitar la actividad de aprovechamiento según la Resolución MADS-MVCT 2184 de 2019, que establece bolsas de color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, multicapa, papel y cartón; y bolsas de color negro para depositar los residuos no aprovechables.
Por último, no arrojar a las calles, andenes o canales de aguas lluvias desechos médicos como mascarillas y pañitos, es el llamado de la Autoridad Ambiental para evitar contagios y disminuir la contaminación. Cumplir con estas indicaciones permitirá como ciudadanos la protección al interior de la familia y clave para contribuir a la situación del departamento, que para la fecha, cuenta con 4.111 casos confirmados de COVID-19.
Fuente: Prensa Cormacarena
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
