REGIÓN
Cuatro integrantes de una familia en Duitama fueron condenados por estafa masiva
Luego de aceptar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y estafa, cuatro integrantes de una misma familia que estafaron a varios ciudadanos boyacenses fueron condenados por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Duitama a 7 años y 3 meses de prisión.
La investigación, realizada un fiscal de la Seccional Boyacá y su policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Duitama, permitió establecer que los hoy condenados, durante el año 2016, participaron en por lo menos 24 casos de estafa a través de tres modalidades logrando recibir de sus víctimas cerca de $360’000.000 millones de pesos.
Los culpables
Se evidenció que Luz Stella Rodríguez Benavidez, acompañada de sus dos hijos Luis Felipe y Yovanny Francisco Mosquera Rodríguez, así como la esposa de este último, Claudia del Pilar Muñoz Blanco, tomaban en arriendo casas y apartamentos, que luego ofrecían en empeño a terceros bajo contrato de anticresis por el que recibían entre 10 y 30 millones de pesos.
Una vez los propietarios legítimos no recibían el pago de arrendamiento terminaban descubriendo el entramado al igual que los prestamistas, quienes perdían su inversión.
Otra de las modalidades consistía utilizar el nombre de una empresa de eventos de la que Yovanny Francisco Mosquera Rodríguez era representante legal. Mediante ella, el grupo familiar ofrecía sus servicios recibiendo cuantiosas sumas de dinero por eventos que nunca realizaron.
Asimismo, a través de dicha empresa, ofrecían paquetes turísticos todo incluido por los que recibían el pago; sin embargo, al momento del viaje, las víctimas se percataban de que no había reservas ni tiquetes.
Los cuatro condenados continuarán privados de la libertad hasta cumplir la pena impuesta.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
