ARAUCA
A la cárcel alias “Cecilia” y “None” capturados en Saravena
La labor investigativa y el material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a Yolanda González García, alias Cecilia; y Yonnier Emilio Pinzón Mogollón, alias None, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, grupo conocido como frente décimo Martín Villa.
Las evidencias
Estas personas cumplían un rol activo en la organización criminal y, a través de llamadas y mensajes, impartían instrucciones sobre diferentes actividades ilícitas en Arauca y otras zonas del oriente del país.
Las comunicaciones dan cuenta de que alias Cecilia habría fijado cuotas de dinero a comerciantes para permitirles sacar sus productos de la región y les pedía ceder sus tierras para apoyar a la organización. Los recursos obtenidos mediante la presión que ejercía eran reportados a Ferley González, señalado cabecilla de la estructura residual, que disponía de ellos para financiar ataques contra la población civil, la infraestructura y la fuerza pública.
Influencia en elecciones
Conversaciones entre ‘Cecilia’ y ‘None’ también demuestran una injerencia ilegal que habrían tenido en las elecciones para mandatarios locales y regionales, realizadas en octubre de 2019. En algunos diálogos conocidos, se reprochaban porque el ELN incursionaba en varios municipios de Arauca y les amenazaba los aspirantes con los que se sentían identificados.
Parte de estos elementos de prueba fueron presentados por el fiscal del caso en las audiencias de control de garantías para demostrar el nivel de peligrosidad de los dos procesados, que también estarían involucrados en homicidios selectivos.
Muerte de un periodista
En un intercambio de mensajes de whatsapp recuperado por los investigadores de la Fiscalía, se constató que los capturados ordenaron el homicidio de Erick Yamid Torres Buitrago, un locutor de Saravena (Arauca), quien en marzo de 2019, días después de la comunicación, fue asesinado por el grupo residual frente 10. La víctima está reconocida por la ONU, como defensor de derechos humanos.
Toda la evidencia testimonial también da cuenta que Alias Cecilia quien contaba con esquema de protección y vehículo asignado de la UNP utilizaba este medio para transportar armas y para desplazarse a otras ciudades para cometer distintas actividades ilegales.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Yolanda González García, alias Cecilia; y Yonnier Emilio Pinzón Mogollón, alias None, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Estas personas no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los dos procesados fueron capturados en una operación coordinada de la Fiscalía General de la Nación, a través de su policía judicial CTI, y tropas del Ejército Nacional en Saravena (Arauca).
Una alerta recibida en el procedimiento daba cuenta de que el grupo residual pretendía recuperar a los detenidos en una acción armada. En ese sentido, fueron trasladados a Yopal (Casanare), donde de manera virtual se cumplieron las audiencias concentradas. La medida de aseguramiento se cumplirá en Bogotá según la disposición del juez.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En las instalaciones de la Institución Educativa Tutukana, seis jóvenes U´wa se convirtieron en los primeros bachilleres de su comunidad. Hasta hace unos años, en esta región solo existía escolaridad hasta grado 9, lo que impedía que los jóvenes culminaran la educación media.
Gracias a los Sistemas de Educación Media y Superior (SIMES), una estrategia del Ministerio de Educación que lleva docentes, acompañamiento pedagógico y ampliación de grados a instituciones rurales dispersas, se logró que estos jóvenes obtuvieran su título de bachiller en su territorio.
SIMES es una apuesta del Gobierno del Cambio para garantizar que la educación sea un derecho real en todo el país; además, permite que instituciones que no tenían grado 10 y 11 puedan ofrecerlos de forma completa, con calidad y sin que los jóvenes deban salir de sus comunidades.
Entre noviembre y diciembre, 871 estudiantes en todo el país se gradúan gracias a la expansión de esta estrategia, que sigue cerrando brechas y llevando oportunidades a regiones tradicionalmente excluidas.
En 2026, el Gobierno nacional ampliará aún más esta apuesta con nuevas inversiones para cubrir más sedes, fortalecimiento pedagógico, ampliación de grados en zonas rurales dispersas, y Educación Superior en tu Colegio, un programa que permitirá acceder a programas técnicos, tecnológicos y universitarios desde la misma institución educativa rural.
La Secretaría de Educación Departamental de Arauca fue distinguida por segundo año consecutivo en la Noche de la Excelencia del Ministerio de Educación Nacional, al recibir el reconocimiento en la categoría de Alimentación Escolar “Por articular con calidad y pertinencia la alimentación escolar con la comunidad”. Este nuevo galardón confirma los avances del departamento en la implementación de un modelo de atención cercano y coherente con las necesidades de sus comunidades educativas.
Este logro refleja el compromiso y gestión del gobernador Renson Martínez Prada para garantizar los recursos del PAE para su continuidad e inicio oportuno en 2026, y del equipo PAE de la Secretaría de Educación Departamental. El PAE en el departamento beneficia a más de 36 mil estudiantes, contribuyendo a mejorar su rendimiento académico y su permanencia escolar a través de 3 modelos de atención: PAE para población mayoritaria, PAE Rural Disperso y PAE para población Indígena.
“Este reconocimiento, que nos destaca entre las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) del país, es un orgullo para nuestro departamento y un estímulo para seguir trabajando en la mejora de la educación y el bienestar de nuestros más de 36 mil estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, expresó el secretario de Educación Departamental, Ariel Pedraza Pinzón.
El PAE es un programa fundamental que contribuye a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y mejora su rendimiento académico gracias a un complemento alimentario que les permite mantener una buena capacidad de atención y aprendizaje.
Así, la secretaría de Educación Departamental reafirma que cuando las comunidades se involucran activamente en los procesos educativos, se fortalecen la permanencia, el arraigo y la confianza en las instituciones.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia en el departamento de Arauca y el municipio de Cubará (Boyacá), donde la confrontación entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Farc mantiene en riesgo los derechos a la vida, integridad y seguridad de miles de habitantes. La alerta cobija a los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, así como a las comunidades de Cubará.
Según la entidad, la disputa por el control territorial y de economías ilícitas —como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y la trata de personas— ha intensificado las amenazas y ataques contra la población civil. Los principales afectados son niños, niñas y adolescentes; líderes sociales; firmantes de paz; personas en proceso de reincorporación; mujeres rurales y migrantes venezolanos, quienes enfrentan desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado.
La tasa de homicidios más alta del país
Durante 2024 se registraron 178 homicidios en hechos relacionados con el conflicto armado en Arauca, 19 de ellos de líderes sociales y uno de un firmante del Acuerdo de Paz, situando al departamento con la tasa de homicidios más alta del país. Entre enero y septiembre de 2025, otras 84 personas fueron asesinadas, incluidas lideresas y excombatientes. Uno de los hechos más graves ocurrió el 25 de agosto en Tame, donde tres personas fueron asesinadas en una masacre.
La Defensoría formuló 28 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales para fortalecer la prevención, protección y atención humanitaria, y pidió una coordinación interinstitucional urgente que permita disuadir las amenazas, garantizar el acceso a la justicia y mitigar la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por la persistente violencia en la región fronteriza.
