META
Cuatro túneles mejorarán la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales
El proyecto Chirajara-Fundadores, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), permitirá la accesibilidad directa desde el centro de Colombia hasta los Llanos Orientales, una de las regiones más importantes para la economía del país. A la fecha, 1.520 empleos han retomado labores, de los 2.024 que se tienen estimados reanuden actividades de obra.
“Este proyecto tiene un avance muy significativo del 71% por encima de su programa de ejecución del 60%,. Contempla la construcción de 22,6 kilómetros de segunda calzada, seis túneles, 21 puentes vehiculares y siete puentes peatonales”, destacó Carlos García, Vicepresidente Ejecutivo de la entidad.
Entre las obras más representativas se destacan cuatro túneles de gran envergadura, entre ellos el túnel Buenavista, el más grande de este corredor vial, pues tiene una longitud de 4.558 metros y está ubicado entre los sectores Bijagual y Buenavista. A la fecha registra un avance del 53%.
Por su parte, el túnel 5, ubicado entre Susumuco y Pipiral, con una longitud de 1.655 metros, presenta un avance del 78%.
El túnel 3, que se construye entre Macalito y Susumuco, con una longitud de 1.447 metros, tiene un avance del 76%. Este túnel obtuvo su cale (encuentro de dos frentes de obra) a comienzos de marzo.
Y el túnel 2, ubicado entre el sector de Casa de Teja y Macalito, cuya longitud es de 550 metros, alcanza un avance del 90%.
Una vez termine la etapa de construcción del proyecto Chirajara – Fundadores y se entre en operación, se espera una reducción en 22 minutos en tiempos de viaje para transporte de carga.
Así las cosas, el proyecto beneficiará a los usuarios en términos de reducción en costos de operación y disminución de la accidentalidad, al estar construido con normas y especificaciones técnicas de calidad y seguridad.
La finalización de las obras en este corredor permitirá mayor desarrollo y accesibilidad directa a esta región que se destaca como despensa agrícola y ganadera, y por ser además una de las zonas de mayor producción de hidrocarburos en el orden nacional, tanto para el consumo interno como para la exportación.
Las obras de la vía al llano
El corredor entre Bogotá y Villavicencio tiene una longitud total de 85,6 kilómetros.
A comienzos del año, el Presidente Iván Duque hizo entrega de 10.5 km de segunda calzada en el tramo Chirajara – Fundadores. La obra contó con una inversión de $767 mil millones de pesos.
Igualmente, dentro de las obras que ya disfrutan los llaneros están el túnel La Pala, de 1.950 metros y el viaducto Pipiral, una megaestructura de 712 metros de largo.
Por otro lado, con los trabajos que se realizaron en el km 58, como el tablestacado, en el que se invirtieron más de 16 mil millones de pesos, se garantizó el tránsito por la vía las 24 horas del día.
Sobre la vía al Llano
La vía está dividida en tres tramos así:
Primer Tercio: Se inicia en el sector Usme, en la salida de Bogotá y finaliza en el sector El Tablón. Tiene una extensión de 34 kilómetros. Es un proyecto de primera generación de concesiones firmado hace 25 años.
Segundo Tercio: Está ubicado entre el Tablón y Chirajara. Comprende la construcción de 29 kilómetros de doble calzada, 45 puentes, 18 túneles y cuatro galerías de escape.
Tercio Final: Este tercio va desde Chirajara hasta Villavicencio. Tiene una extensión de 22,6 kilómetros y es un proyecto perteneciente al programa de autopistas de cuarta generación.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
